Luego de años de movilizaciones feministas en América Latina actualmente se viven importantes avances en materia de derechos sexuales: junto con la aprobación de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Argentina, 4 Estados mexicanos legalizaron la interrupción del embarazo sin restricción de motivos durante las primeras semanas de gestación, sumándose a la Ciudad de México y Oaxaca, donde ya era legal, la Corte Constitucional Colombiana despenalizó el aborto hasta las 24 semanas de gestación, mientras que Chile incluyó el derecho al aborto en la propuesta de texto constitucional; y Ecuador, aprobó la interrupción legal del embarazo en casos de violación durante las primeras 12 semanas.
Sin embargo, Guatemala aumentó las penas del delito de aborto y Honduras blindó la prohibición del aborto en su texto constitucional el año pasado. En Europa, mientras que España y Francia aprobaron regulaciones que amplían el acceso, Polonia virtualmente prohibió el aborto en casi todas las circunstancias. En Estados Unidos, cada vez más estados aprueban leyes restrictivas. Es por ello que el monitoreo y estudio del avance, así como de la implementación, de leyes y reglamentaciones es una tarea imprescindible para garantizar el acceso a estos nuevos derechos.
Este escenario de importantes triunfos y persistentes amenazas invita a la reflexión sobre las estrategias feministas en materia de derechos sexuales, ya sea aquellas que se abocan a leyes, políticas y regulaciones, como las que ocurren en los márgenes y al margen del Estado, como la ampliación del acceso mediante redes de profesionales, consejerías y acompañamientos, y la construcción de estrategias de atención desde una perspectiva de salud colectiva y derechos. En este contexto, la mesa convoca a trabajos que investiguen y reflexionen acerca de la relación entre feminismos, derechos sexuales y salud colectiva, a nivel nacional y regional. A través de la presentación de ponencias, mesas redondas y presentaciones de libros, la intención de este GT es generar un espacio que nutra la relación inescindible entre derechos y salud, y propender a una atención en la salud pública que sea en todos los aspectos inclusiva de las diversidades, respete la autonomía de las personas y esté atenta a problemáticas que emergen de la interseccionalidad de diferentes subordinaciones.