Desde distintos sectores se señala que la justicia de menores produce una “criminalización de la pobreza” al operar selectivamente sobre una franja de la infancia, aquella que -según la impresión de los funcionarios- se encuentra en una situación “de abandono o riesgo”. Así, desde una perspectiva crítica los mayores cuestionamientos están dirigidos a las normativas para la minoridad, las cuales otorgan a los jueces amplias facultades para “disponer” de los niños. Sin embargo, esta perspectiva suele opacar el sustrato de prácticas y de relaciones sociales sobre el cual se construye el dispositivo jurídico-burocrático destinado a los “menores”. En este trabajo nos proponemos identificar –a partir del análisis de casos- una serie de prácticas y nociones que entendemos forman parte de una perdurable lógica que postula la necesidad de proteger a niños y jóvenes a partir de tutelar sus destinos. Esta lógica de la tutela, como horizonte cognitivo y conceptual se nutre de distintas categorías que, ancladas en la retórica de “hacer el bien” (Cohen 1988), son utilizadas para conceptualizar a los individuos como objetos de intervención, y constituye un modo de apropiación de conflictos y sujetos por parte de determinados individuos que investidos de autoridad reafirman su posición en la creencia de que “el superior siempre sabe lo que es bueno para el inferior” (Da Matta 1980).