La administración de la educación es un campo complejo que ha sido objeto de diversos enfoques teóricos a lo largo del tiempo. Ball (1989) señala la ausencia de una teoría unificada en este campo, atribuyendo esta situación a las disputas entre diferentes corrientes de pensamiento en la sociología de la educación. Esta falta de consenso ha llevado a una diversidad de enfoques y paradigmas en el estudio y la práctica de la administración educativa. A partir de Bardiza Ruiz (1991) podemos adentrarnos en los distintos enfoques de la administración de la educación. El paradigma clásico-burocrático se basa en principios de eficacia, racionalidad y jerarquía organizativa. Según Griffith (1977, como se citó en Bardiza Ruiz, 1991), este enfoque se caracteriza por la creencia en que las organizaciones tienen objetivos claros, y que la toma de decisiones se realiza de manera sistemática y basada en el mérito. De acuerdo a England (1989, como se citó en Bardiza Ruiz, 1991) en contraste con el enfoque burocrático, el paradigma interpretativo-simbólico se centra en la comprensión de los significados y las interacciones sociales dentro de las instituciones educativas . Desde esta perspectiva, se considera fundamental analizar los símbolos y las prácticas cotidianas en las escuelas). El paradigma socio-crítico reconoce las estructuras de poder y dominación dentro de las instituciones educativas buscando promover la justicia y la igualdad a través de la transformación social. A diferencia de los enfoques anteriores, este cuestiona las relaciones de autoridad y privilegio, y busca empoderar a los individuos para que participen en la toma de decisiones y en la transformación de sus contextos educativos (England, 1989 como se citó en Bardiza Ruiz, 1991). Este trabajo se propone describir un nuevo paradigma de carácter mercantilista-neoliberal para pensar la aplicación de principios de mercado en la organización de los sistemas educativos. Aquí, la educación se concibe como un bien sujeto a las leyes de la oferta y la demanda, y se promueve la competencia entre instituciones educativas. Las políticas y reformas educativas se orientan hacia la privatización, la descentralización y la autonomía escolar, con el objetivo de aumentar la eficiencia, la calidad y la diversidad educativa. Creemos indispensable, para los tiempos que corren, poder enmarcar determinadas prácticas educativas dentro de este enfoque. 1 Pensemos por un instante en el intento de voucherización llevado adelante por el gobierno de Javier Milei y en las prácticas de desfinanciamiento de la educación pública. ¿Dónde enmarcamos esto si no lo es en un paradigma mercantilista neoliberal? Este enfoque resalta la rendición de cuentas, la evaluación basada en resultados y la introducción de incentivos y mecanismos de mercado en la gestión de las escuelas. Se promueve la libertad de elección de los estudiantes y las familias, así como la introducción de sistemas de financiación basados en la competencia y el rendimiento. La colaboración público-privada se fomenta como una forma de mejorar la eficiencia y la calidad de la educación, mientras que se reduce la intervención del Estado en la regulación y provisión de servicios educativos. Repensando los enfoques de la Administración y Gestión de la Educación desde Bardiza Ruiz La administración de la educación es un campo complejo que ha sido objeto de diversos enfoques teóricos a lo largo del tiempo. Ball (1989) señala la ausencia de una teoría unificada en este campo, atribuyendo esta situación a las disputas entre diferentes corrientes de pensamiento en la sociología de la educación. Esta falta de consenso ha llevado a una diversidad de enfoques y paradigmas en el estudio y la práctica de la administración educativa. A partir de Bardiza Ruiz (1991) podemos adentrarnos en los distintos enfoques de la administración de la educación. El paradigma clásico-burocrático de administración educativa se basa en principios de eficacia, racionalidad y jerarquía organizativa. Según Griffith (1977, como se citó en Bardiza Ruiz, 1991), este enfoque se caracteriza por la creencia en que las organizaciones tienen objetivos claros, y que la toma de decisiones se realiza de manera sistemática y basada en el mérito. Sin embargo, este modelo tiende a ignorar el conflicto y la resistencia dentro de las instituciones educativas, lo que puede obstaculizar la innovación y el cambio educativo (Ball, 1990). Además, la obsesión por la eficiencia y la gestión técnica puede llevar a una falta de atención hacia los aspectos humanos y sociales de la educación. De acuerdo a England (1989, como se citó en Bardiza Ruiz, 1991) en contraste con el enfoque burocrático, el paradigma interpretativo-simbólico se centra en la comprensión de los significados y las interacciones sociales dentro de las instituciones educativas . Desde esta perspectiva, se considera fundamental analizar los símbolos y las prácticas cotidianas en las escuelas para comprender cómo se construye el orden social y cómo se negocian los significados entre los actores educativos (Popkewitz, 1988). La 2 atención se centra en la comunicación y la construcción colectiva de significados, en lugar de la aplicación de modelos predefinidos de gestión. El paradigma socio-crítico reconoce las estructuras de poder y dominación dentro de las instituciones educativas y busca promover la justicia y la igualdad a través de la transformación social. A diferencia de los enfoques anteriores, este paradigma cuestiona las relaciones de autoridad y privilegio, y busca empoderar a los individuos para que participen en la toma de decisiones y en la transformación de sus contextos educativos (England, 1989 como se citó en Bardiza Ruiz, 1991). Se enfatiza la importancia de la conciencia crítica y la autodeterminación como herramientas para el cambio social y educativo. Este trabajo se propone construir describir un nuevo paradigma de carácter mercantilista-neoliberal para pensar la aplicación de principios de mercado en la organización de los sistemas educativos. En este enfoque, la educación se concibe como un bien sujeto a las leyes de la oferta y la demanda, y se promueve la competencia entre instituciones educativas. Las políticas y reformas educativas se orientan hacia la privatización, tanto endógena como exógena (Ball y Youdell, 2007), la descentralización y la autonomía escolar, con el objetivo de aumentar la eficiencia, la calidad y la diversidad educativa. Creemos indispensable, para los tiempos que corren, poder enmarcar determinadas prácticas educativas dentro de este enfoque. Pensemos por un instante en el intento de voucherización llevado adelante por el gobierno de Javier Milei y en las prácticas de desfinanciamiento de la educación pública. ¿Dónde enmarcamos esto si no lo es en un paradigma mercantilista neoliberal? Este enfoque resalta la rendición de cuentas, la evaluación basada en resultados y la introducción de incentivos y mecanismos de mercado en la gestión de las escuelas. Se promueve la libertad de elección de los estudiantes y las familias, así como la introducción de sistemas de financiación basados en la competencia y el rendimiento. La colaboración público-privada se fomenta como una forma de mejorar la eficiencia y la calidad de la educación, mientras que se reduce la intervención del Estado en la regulación y provisión de servicios educativos. El centro de los servicios públicos, no solo la escuela, pasa de servir a las necesidades de la sociedad a atraer a clientes (Ball y Youdell, 2007). Sin ir más lejos al día de hoy funciona un sistema de vouchers (Gobierno de Argentina, s.f.) que está diseñado para subsidiar a familias cuyos hijos asisten a escuelas privadas que cuentan con una subvención estatal de al menos el 75%. Este tipo de política ha generado un debate amplio sobre sus implicancias para la educación pública y la 3 equidad del sistema educativo en general. En principio, el objetivo de los vouchers es brindar a las familias de menores ingresos la posibilidad de elegir instituciones privadas, fomentando así la competencia entre las escuelas y, en teoría, elevando la calidad de la educación. Sin embargo, una de las principales críticas a esta iniciativa es el evidente desfinanciamiento de la educación pública. Al destinar recursos a la subvención de escuelas privadas, se reduce el presupuesto destinado a las escuelas públicas, lo que impacta en la calidad de la infraestructura, el acceso a materiales pedagógicos, la formación docente y otras áreas esenciales para garantizar un sistema educativo inclusivo y de calidad. Las instituciones públicas, que históricamente han sido las que albergan a la mayor parte de los estudiantes, se ven así afectadas, lo que perpetúa un círculo vicioso de desigualdad. A su vez, este sistema podría intensificar la segregación educativa. Aunque se busca facilitar el acceso a escuelas privadas para las familias con menos recursos, los vouchers no siempre cubren el total de los costos, lo que deja a muchas familias fuera de esta posibilidad. Esto genera una distinción entre quienes pueden asumir los costos adicionales y quienes deben continuar en un sistema público que, cada vez más, se ve debilitado por la falta de inversión. En términos de equidad educativa, esta política va en contra del principio de igualdad de oportunidades. La educación pública, por su carácter inclusivo y su misión de ser accesible a todos sin distinción, debería contar con el financiamiento necesario para cumplir ese rol.