Introducción En los últimos años, la demanda mundial de nuevos minerales ha generado la valorización de territorios considerados “improductivos” hasta hace muy poco, expandiendo las fronteras extractivas y de acumulación (Balcázar Morales y Argento, 2024). En el marco de un consenso mundial sobre el calentamiento global y la crisis climática, asistimos a un nuevo paradigma verde que promueve la necesidad de una transición energética que reemplace el uso de combustible fósil por energías limpias (Fornillo, 2024). Este “Consenso de la Descarbonización” (Bringel y Svampa, 2023) es impulsado por grandes corporaciones transnacionales, instituciones supranacionales y gobiernos, avalado por organizaciones y expertos internacionales. De esta forma, la necesidad del Norte global de abastecerse de nuevas materias primas que les permitan conducir la transición energética y mantener sus niveles de producción y consumo, desencadena un aumento de la demanda mundial de litio y también de cobre, minerales considerados estratégicos para el desarrollo de baterías (Fornillo, 2024). En consecuencia, esta situación ha despertado un importante interés de los gobiernos nacionales y subnacionales para atraer inversiones e impulsar nuevos proyectos mineros, generando “una especie de colonialismo verde interno, que forja las condiciones de posibilidad para el avance del extractivismo verde basado en alianzas y relaciones coloniales entre las elites nacionales y las elites globales” (Bringel y Svampa, 2023:57). Esta ponencia toma como caso de estudio la reciente propuesta de creación de “Malargüe Distrito Minero Occidental” (MDMO), una iniciativa fuertemente promovida por el gobierno de la provincia de Mendoza bajo los argumentos de la necesidad del cobre para la transición energética, la minería sustentable, la licencia social en Malargüe y la necesidad de generar trabajo en dicho departamento. Hasta hace muy poco tiempo, las Asambleas por el agua de Mendoza, junto con el apoyo de una gran parte de la población y el sector vitivinícola y bodeguero provincial, habían logrado resistir a los intentos de los distintos gobiernos de desarrollar la minería metalífera a gran escala en la provincia (Martin y Wagner, 2013; Wagner, 2019). Fruto de esas resistencias, se logró sancionar la Ley 7722, la cual establece la prohibición de uso de sustancias tóxicas en la minería metalífera. Esta ponencia busca indagar acerca de los modelos de desarrollo que están en discusión en Mendoza, en donde se intenta desplegar la megaminería a pesar de contar con una norma que la restringe y una extensa tradición acerca de la gestión del agua. El objetivo consiste en analizar el proceso de conflictividad socioambiental por el proyecto Malargüe Distrito Minero Occidental a partir de identificar los actores en disputa y sus estrategias discursivas. Para ello se utilizó una metodología cualitativa de análisis de documentos públicos, la audiencia pública de MDMO, sitios webs y entrevistas a distintos actores sociales de Mendoza y Malargüe. Disputas en torno a Malargüe Distrito Minero Occidental A inicios de 2024, el Gobierno de Mendoza anunció la propuesta Malargüe Distrito Minero Occidental, a cargo de la empresa estatal Impulsa Mendoza, que consiste en delimitar un área dentro de la cual se encuentran numerosas propiedades mineras para el desarrollo de actividades de prospección y exploración vinculadas a la minería metalífera (GT Ingeniería, 2024). Esta iniciativa fue presentada en marzo por el Gobernador en Canadá en el marco de la Convención Internacional sobre Exploración y Desarrollo Minero, en la cual informó el plan de acción que llevaría a cabo para habilitar 200 proyectos mineros. Unos días después, el Gobernador comunicó que la iniciativa MDMO buscaría unificar la evaluación de impacto ambiental (EIA) de proyectos mineros de exploración de cobre, hierro y cobalto en una zona determinada de Malargüe, donde, se argumentaba, existía un gran potencial minero requerido para la transición energética y licencia social por parte de sus habitantes. Dos meses después, Impulsa Mendoza presentó, ante la Dirección de Minería, el Informe de Impacto Ambiental (IIA) de MDMO, en el que señaló que el distrito comprende una superficie entre 18.754 km2 y 20.229,76 km2 que se localiza en el sector cordillerano y sector centro sur del departamento de Malargüe, perteneciendo a la misma faja geológica que alimenta los yacimientos de cobre que hoy explota Chile (GT Ingeniería, 2024). Si bien dentro de MDMO se encuentran numerosas propiedades mineras que abarcan una superficie de 703.432 ha (34,77% del área total), en esta instancia se incorporaron las EIA de 34 proyectos mineros de exploración (Ibid.). Esta política pública es defendida y justificada por funcionarios y legisladores provinciales y departamentales a partir del referencial de la necesidad económica de generar trabajo y desarrollo en Malargüe, y de la importancia de contribuir a la transición energética mundial, a la vez que se afirma que Malargüe posee vocación territorial ya que tiene una historia ligada a la extracción hidrocarburífera y a la minería de canteras, y posee profesionales formados en minería, por lo tanto, afirman, existe licencia social. Asimismo, se apela a la idea de que la minería es sustentable porque existen tecnologías que cuidan el ambiente, permite el desarrollo económico de la población (a partir de la generación de trabajo, el mejoramiento de los sueldos municipales por mayores ingresos hacia el estado, las inversiones para la construcción de rutas e infraestructuras que permiten cuidar y aprovechar el agua) y coexiste con otras actividades productivas. Esas justificaciones son también defendidas y esgrimidas por actores de la comunidad de Malargüe. Durante la Audiencia Pública de MDMO, llevada a cabo en septiembre, se escucharon distintas voces que apoyaban el proyecto sosteniendo que entendían y creían que la minería iba a generar trabajo directo e indirecto en el Departamento, lo cual iba a favorecer el arraigo y evitar así la migración de los y las jóvenes. En ese sentido, afirmaron que la “minería es el futuro” y “es sustentable” (y “que en otros países como Chile y Canadá se hace con total cuidado del ambiente”), expresaron esperanzas de que genere desarrollo local y también remarcaron que “todos usamos productos de la minería”. Cabe mencionar que en sus intervenciones criticaron y descalificaron a quienes se oponían a la megaminería calificándolos de que no “son ambientalistas, son antimineros”, que no “quieren el desarrollo de Malargüe”, que “se oponen porque no están informados” y que no tenían derecho a opinar porque no era malargüinos (Audiencia Pública MDMO, 16/09/24). Por su parte, quienes se expresaron en contra de MDMO fueron integrantes de Asambleas por el agua de distintas localidades de la provincia, científicos, productores, comunidades originarias y pobladores de Malargüe. Dentro de sus argumentaciones expusieron los efectos negativos que genera la megaminería (daños a la salud, destrucción de hábitat, consumo y contaminación del agua, entre otros), enfatizando que quienes padecen esas consecuencias son las poblaciones locales. Afirmaron también que son falsas las promesas de fuentes de trabajo, por lo que sostienen que la minería no es sustentable y que esa idea es un oxímoron (Audiencia Pública MDMO, 16/09/24). Las Asambleas por el agua se definen como “defensoras del agua, la vida, los bienes comunes, de la cultura, de la trashumancia y las formas de vida y el derecho a vivir y habitar un ambiente sano”, reafirman su postura de “no a la megaminería contaminante, saqueante, secante y desempleante”. A su vez, reivindican su derecho a participar y opinar sobre MDMO exclamando que “somos gotas de un mismo rio”, de forma que sostienen que la contaminación de un curso de agua afectaría no solo a Malargüe sino a otras regiones. Reafirman que “la megaminería no tiene licencia social en Mendoza” y que “Malargüe no es zona de sacrificio” (Asamblea Popular por el Agua, 18/09/24). Reflexiones preliminares El caso analizado permite vislumbrar como determinados grupos de poder recurren a referenciales de políticas “verdes” de la transición energética y la minería sustentable para justificar y avalar la imposición de una práctica extractiva, a la vez que propone un nuevo ordenamiento del territorio en donde se delimita un área y se crea una marco normativo-institucional para desarrollar la minería metalífera en una provincia donde su población viene sosteniendo una postura de “no a la megaminería” desde hace más de 20 años. Interesa señalar como determinadas prácticas del capitalismo verde logran permear los discursos y estrategias de los gobiernos nacionales y subnacionales en pos de expandir las fronteras del extractivismo para favorecer la transición energética del Norte global. Asimismo, este caso abre el debate acerca de quiénes pueden otorgar la licencia social, es decir quiénes son las voces válidas para dar (o no) la aprobación social de los proyectos mineros. Finalmente, este trabajo muestra las diputas acerca de los modelos de desarrollo que están en discusión en Mendoza. Por un lado, gobierno provincial propone un desarrollo ligado a la explotación de los recursos minerales, a diversificar la matriz productiva bajo una lógica extractiva y al aumento de las inversiones privadas, apostando a los proyectos mineros generen empleo y dinamicen la economía (local y provincial). Por otro lado, las Asambleas por el Agua entienden que no puede existir desarrollo de sociedad si se contamina el agua y se pierde la soberanía sobre los bienes comunes, reusándose a ser territorio de sacrificio y proponiendo alternativas.