El proyecto se propuso realizar un estudio de anclaje jurídico-económico suficientemente exhaustivo respecto de la categoría jurídica “prohibición de despidos y suspensiones”, aplicado al impacto que dicha directriz legal -impuesta durante la pandemia- pudo tener sobre el resultado de las actividades empresariales. Se trató, así, de precisar el alcance, límites y constitucionalidad de dicha categoría legal y, a partir de un análisis integrado de sus aspectos jurídicos y económicos, analizar y explicar si asumir aquella conducta establecida normativamente desencadenó riesgos de insolvencia en los núcleos productivos comprometidos con el cumplimiento de la norma. Reconociendo la vigencia y validez universal del principio de protección del trabajo, se analizó la aptitud de tales normas de emergencia en orden a sus antecedentes, a sus orígenes y a los límites acordes con la protección de la médula fundante que las contiene. En síntesis, buscar que el ordenamiento jurídico -en caso de ser legítimo- no hubiera roto el equilibro entre la dignidad del trabajador y la estabilidad o mantenimiento de la empresa. La hipótesis en que nos encaminamos planteó que una excesiva manipulación de prohibiciones legales sobre prohibición de despidos y suspensiones durante la pandemia para proteger las fuerzas laborales podía desencadenar la implosión de la fuente productiva que las sostiene. Sin embargo, después de un análisis exhaustivo de la legislación, no sólo que se concluyó que se dio en un correcto orden de legalidad, sino que en la aplicación práctica no se proyectó (hasta el cierre de la investigación) en consecuencias disvaliosas en la actividad empresarial más allá de las previsibles a todo contexto de emergencia.