El proyecto propone realizar un estudio de anclaje jurídico-económico suficientemente exhaustivo respecto de la categoría jurídica “prohibición de despidos y suspensiones”, aplicado al impacto que dicha directriz legal, impuesta durante la pandemia, pudo, puede y podrá tener sobre el resultado de las actividades empresariales. Se trata, así, de precisar el alcance y límites de dicha categoría a partir de un análisis integrado de sus aspectos jurídicos y económicos que permita analizar y explicar cómo asumir aquella conducta legal preestablecida desencadena serios riesgos de insolvencia en los núcleos productivos comprometidos con el cumplimiento de la norma. Reconociendo la vigencia y validez universal del principio de protección del trabajo, debe analizarse la aptitud de las normas de emergencia en orden a los límites acordes con la protección de la médula fundante que lo contiene. La salvaguarda de la fuente de trabajo y la dignidad del trabajador debe tener también su correlato en la protección de la fuente económica de que se nutren, esto es, el patrimonio empresarial que permite justamente la actividad que sostiene y da vida a ambos. En síntesis, buscar que el ordenamiento jurídico no rompa el equilibro entre la dignidad del trabajador y la estabilidad o mantenimiento de la empresa.