Las crisis económicas se plantean como visagras históricas que, debido a la situación de vulnerabilidad que generan en la población, obligan al Estado a proponer políticas públicas para mejorar esta situación. De tal manera, posterior a la crisis del año 2001, se buscó incorporar alternativas fiscales para paliar la situación. El monotributo social surge en el año 2004 como una iniciativa para facilitar la inclusión formal de emprendedores que realizando una actividad económica están al margen de la regularidad impositiva y previsional. Por otro lado, mediante el régimen de “Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente”, surge en el año 2010, el trabajador independiente promovido, como una nueva categoría tributaria necesaria para impulsar la actividad de aquellos que recientemente se inician, buscando insertarse en la economía formal y acceder a la igualdad de oportunidades. A pesar que estos regímenes tributarios presentan varios años de vigencia, no están debidamente desarrollados y difundidos, por lo que merece un exhaustivo análisis dado el contexto económico actual que ha dejado la pandemia de COVID-19. A partir de lo mencionado, se realizó un análisis normativo detallado de cada uno de estos regímenes, en comparación con el monotributo general y entre cada uno de ellos, para determinar si sus componentes principales y diferentes aspectos implicados reúnen las características anteriormente mencionadas y si actualmente los requisitos, beneficios y costos cumplen con los objetivos para los que fueron creados en su momento. A partir de esto se exponen las principales conclusiones a las que se arribó.