Las principales modalidades a través de las cuales se llevó a cabo la apropiación de niños y la sustitución de su identidad, durante la última dictadura militar en nuestro país (1976-1983), fueron las inscripciones falsas de nacimiento y las adopciones fraudulentas. De esta forma, fundamentalmente en estos últimos casos, el ámbito judicial no fue ajeno a las prácticas de sustracción de niños, sino que se constituyó en uno de sus escenarios. Entendemos que estos casos, en los que las apropiaciones de niños devinieron en adopciones pseudo-legales, permiten vislumbrar no sólo la mayor o menor afinidad político-ideológica de algunos de los integrantes del poder judicial con la dictadura militar, sino también las características de prácticas y relaciones que se encontraban presentes desde tiempo atrás en la justicia destinada a los menores de edad que posibilitaron legitimar tales apropiaciones. Así, en este trabajo, a partir del análisis de casos en los que distintos jueces dieron en adopción a niños que habían sido secuestrados junto a sus padres, nuestro objetivo es identificar los circuitos y dispositivos institucionales que fueron utilizados, así como analizar los sentidos sociales otorgados a la adopción que se ponen de manifiesto en ellos. A su vez, analizamos cómo y sobre la base de qué argumentos los organismos de derechos humanos, en su tarea de reclamar justicia, han cuestionado la existencia de una asimilación entre “apropiación” y “adopción”, y de esta forma han definido a cada una de ellas.