Desde fines del año 2005 rige en la Argentina una nueva ley de infancia que, al haber reemplazado a una antigua y cuestionada normativa, ha sido presentada como un gran avance en pos de la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Esta nueva norma a la vez que priva al Poder Judicial de varias de sus antiguas prerrogativas, inaugura otros circuitos y procedimientos para el tratamiento de la infancia y dota de distintas facultades a organismos administrativos ya existentes. En este trabajo, describo y analizo los cambios promovidos en el campo de instituciones destinadas a la gestión de la infancia pobre con el objetivo de identificar las tensiones que produjo esta reconfiguración institucional. Así, focalizo el análisis en los conflictos suscitados entre el ámbito judicial y el administrativo, y en las tensiones originadas entre los agentes que –a partir de la reforma normativa- tienen la facultad de aplicar distintas “medidas de protección”. Ello, con el fin de reflexionar sobre las peculiaridades de las formas de administración estatal de conflictos y sujetos, y dar cuenta de las características que, en este nuevo y complejo escenario, asume la administración de la infancia pobre.