Según señalan numerosos estudios, los jóvenes a nivel mundial son un segmento poblacional especialmente caracterizado por un alto porcentaje de desocupación, falta de empleo decente, escasez de servicios de cuidado para conciliar responsabilidades del hogar con participación laboral, y alta deserción escolar (OIT, 2018). Por tanto, un buen punto para el debate de las políticas públicas está relacionado con la manera en que debiera institucionalizarse una estrategia de empleo juvenil. En las últimas décadas varios países de la región latinoamericana han implementado programas para favorecer el empleo joven. Entre estos se cuentan el Plan Projoven en Perú, Projovem Trabalhador en Brasil, Jóvenes Bicentenario en Chile, Jóvenes en acción en Colombia (Gaiada, 2015) Por su parte, en Argentina en el año 2014 mediante el Decreto N° 84/2014 fue implementado a nivel nacional el Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos conocido como PROG.R.ES.AR. destinado a los jóvenes de entre 18 y 24 años que no trabajan o lo hacen de manera informal, y que por encontrarse en situación de vulnerabilidad están fuera del sistema educativo formal. El objetivo del programa fue y es favorecer la formación e inserción laboral de estos jóvenes. En el presente trabajo nos proponemos analizar cuáles son los determinantes que afectan la implementación del Plan PROG.R.ES.AR. en ocho jurisdicciones: CABA, Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Jujuy, San Luis, Santa Cruz y Santa Fe. Su elección responde a un criterio de heterogeneidad, teniendo en cuenta que se trata de jurisdicciones de diferentes regiones geográficas, con diferente signo político, con presencia y sin presencia de programas destinados a jóvenes, y con cajas de previsión propias en algunos casos y en otros no.