En el presente artículo nos proponemos continuar con la línea de indagación propuesta en anteriores trabajos acerca de la relación de los Pueblos Originarios con el Estado argentino, a través de las políticas indigenistas que éste lleva a cabo. En particular, nos centramos en los mecanismos de ?normalización burocrática? que regulan la aplicación de políticas presentadas como inclusivas y con participación activa de las comunidades. En esta ocasión, analizaremos el corpus de documentos que conforman los requisitos para tramitar la personería jurídica de las comunidades y acceder a la participación en el Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas ?RETECI- ordenado por la Ley Nacional 26.160. El objetivo del análisis radica en profundizar la discusión que venimos sosteniendo, en relación a si la inclusión en este tipo de programas estatales posibilita el cumplimiento de los derechos indígenas o propone una normalización que intenta controlar el desarrollo político de las comunidades. Frente a esta paradoja, nos interesa proponer un debate sobre la llamada ?agencia indígena?, que indague en las particulares formas en las que ésta se manifiesta, teniendo en cuenta: a) la apertura que los proyectos estatales suponen para la participación política de los Pueblos Originarios; b) el marco de constricciones que el aparato burocrático plantea; c) la real disparidad de fuerzas existentes entre los indígenas y el Estado. A la luz de este recorrido, reflexionaremos sobre la dimensión que adquiere la participación indígena en la política estatal actual, sus límites y posibilidades.