La región, situada en la zona intertropical conocida como Costa del Golfo del Altiplano Central, se caracteriza por su configuración multiétnica, que define desde tiempos prehispánicos el perfil de la zona, y por la diversificación productiva, que revela un aprovechamiento adaptado a la heterogeneidad ambiental y a la utilización de los variados recursos naturales que posee. Su riqueza ecológica estriba en sus contrastes geográficos marcados por la variabilidad de su topografía, climas y tipos de vegetación, sumados a la abundancia de sus recursos hidrográficos, si bien enfrenta actualmente problemas graves de deterioro y contaminación ambiental. El particular modelo de desarrollo impuesto en las regiones del trópico, y en especial en la Huasteca, con un uso del suelo en el que ha predominado la ganadería, la caña de azúcar, el cafeto, los cítricos y el boom de la explotación petrolera, sobre las áreas de cultivos básicos, ha repercutido en el acaparamiento de la tierra y en los conflictos agrarios que de ello se han derivado, aunados al deterioro, a la degradación de los recursos naturales y a la desarticulación de los sistemas productivos tradicionales. Estos problemas se han agravado por las políticas sectoriales emprendidas en los últimos años, que han implicado la desaparición de la protección comercial, el desmantelamiento de los aparatos estatales que intervenían en el sector, la reducción drástica del gasto público destinado al campo y la desaparición de precios de garantía para muchos productos. En el marco de esta crisis se han generado cambios notables en el plano organizativo, especialmente en el sector de los pequeños productores y comunidades indígenas. La participación, movilización y construcción de nuevas formas participativas de los campesinos indígenas, tiene sus raíces en los movimientos agrarios regionales surgidos en la década de 1970, y adquieren, a partir de los años ochenta, una importancia singular en el que la prioridad de las luchas campesinas se enfocan en la apropiación de los procesos productivos. La búsqueda de un modelo de desarrollo distinto no es mera retórica. Evaluaciones oficiales y no oficiales dejan claro que las cuantiosas inversiones de programas como el PIDER-COPLAMAR (1976-1981), el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) (1990-1995); el Programa de Apoyo a Productores de Café (1990-1995) o el Programa de Apoyo al Campo (PROCAMPO) (1993-1995), "no han logrado en la actualidad minimizar el grado de hambre, la miseria y la marginación en que se debaten indígenas, mucho menos han logrado incrementar la producción y los rendimientos agropecuarios en la región"(Sámano y Jiménez, 1998: 352). Esto es así porque dichos esfuerzos no combaten de manera decidida y frontal las raíces de la desigualdad social.