El allanamiento decretado por la fiscal competente de los estudios de Azul FM y del domicilio del periodista Ignacio Alvarez, revirtió las condiciones iniciales en que se desarrollaba la investigación del caso. Originalmente imputado por la difusión de registros prohibidos por la ley, el responsable del programa emitido por Azul FM termina por adquirir ribetes mediáticos de periodista perseguido en el ejercicio de su profesión. Un amplio conjunto de expresiones profesionales y jurídicas, de los más diversos signos ideológicos, se oponen al allanamiento ordenado en razón de la denuncia penal contra Alvarez. Queda particularmente interpelado el Frente Amplio, que inició una denuncia penal ad hominem con particular carga política y por si algo faltara, contra un periodista. Interviene de forma determinante cierta adhesión escasamente crítica a la universalidad republicana, que comparten perfiles ideológicos supuestamente contrapuestos, igualmente cuestionados por la deconstrucción de la transparencia de la ley.