La violencia institucional no es un fenómeno abstracto, muy por el contrario, implica una forma de materializar la amenaza o la concreción en la violación a los derechos humanos que se manifiesta en diversas ocasiones y de diversas maneras. Las relaciones de poder que posee el Estado y sus Instituciones son amplias y por ende se debe partir del mismo análisis de cada una de las instituciones y no a la inversa para así no sesgar o parcializar con ello la existencia o no de una eventual tipificación de violencia institucional. Con esta perspectiva profundizo cuáles y cuántas son las funciones del Estado para poder así determinar que la violencia institucional se produce en la esfera de actuación de todo Estado, en realidad, en el cumplimiento de cada una de las funciones que desarrolla éste y no necesaria como exclusivamente en los abusos policiales, penitenciarios o dictaduras de por medio. En el ámbito del poder judicial, son en definitiva los miembros integrantes de la administración de justicia quienes pueden consentir o provocar intencionalmente o no la violencia institucional, disfrazando estos hechos ilícitos de legalidad o legitimidad bajo la forma de resoluciones jurisdiccionales o demás actos procesales.