Tradicionalmente los bienes públicos, en contraposición con los bienes privados, han sido definidos técnicamente como aquellos bienes cuyo consumo en forma particular no limita a las demás personas de su uso: todas pueden disfrutarlo de la misma manera -(a) no rivalidad de consumo-; no pudiéndose nadie ser excluido de su consumo- (b) la no exclusividad-. En este sentido, si la biodiversidad, la información o el conocimiento es un bien público, este bien tiene que estar a disposición de todos y las ventajas que emanan de ese bien deben ser repartidas justamente. Por estas características, aún en el interior de las ciencias económicas tradicionales, se les adjudica a los bienes públicos la cualidad de que su provisión se ubica en el campo de acción legítima del Estado. Se sabe que, a partir de la teoría de la economía pública, el mercado fracasa cuando se trata de la producción de bienes públicos. El mercado y la competencia son medios e instrumentos. Pero no todo lo que económicamente parece racional conduce necesariamente al bien general. Por ello, a partir de la década del 90 se incorpora la tercera característica a la definición anterior: (c) la distribución de beneficios y compensación de generaciones futuras por el uso de estos bienes. Nuestra propuesta aquí es formular un marco ético que permita repartir beneficios, proteger la biodiversidad y el conocimiento, y regular el uso de bienes públicos. Una mayor cercanía a la realidad por parte de los modelos económicos implicaría, a nivel práctico, tomar más en serio los principios éticos ya existentes (sentido del bien común, solidaridad, justicia) en relación con los bienes públicos en cuestión (información, conocimiento, biodiversidad).