Frente al “argumento de la falta de recursos” que suele brindarse para intentar justificar la no realización de los derechos económicos sociales y culturales (DESC), el objetivo principal de este trabajo es presentar un conjunto de argumentos en sentido contrario. Así, puede afirmarse que en múltiples ocasiones: i) hay recursos presupuestarios asignados para los DESC pero no se utilizan; ii) hay recursos que se destinan a fines no prioritarios; y iii) hay recursos que se emplean de modo ineficiente. Asimismo, se destaca que debe colocarse una mirada atenta sobre la política fiscal en su conjunto (es decir, no sólo en cómo se gasta sino en cómo se conforman los presupuestos públicos, cómo se determinan los impuestos), y sobre el combate a la corrupción (en tanto sus impactos negativos en la disposición de recursos para políticas públicas tendientes a garantizar derechos humanos en general y derechos sociales en particular, y en virtud de sus efectos negativos en la efectiva implementación de dichas políticas).