Basado en la perspectiva rousseauniana, que confiere a la Voluntad General la condición para el ejercicio de la soberanía popular, el artículo en cuestión, a partir de la dialéctica instituyente / instituido, desarrolla las implicaciones que tal noción lleva e impone al referido concepto la idea que encierra tanto un el proceso ético-jurídico que involucra las decisiones colectivas y, más bien, su elaboración, como un principio de integración dinámico-dialéctica que trae como fundamento un fin común y que se manifiesta a través de un movimiento económico-político de objetivación de valores, necesidades y los fines del pueblo como cuerpo colectivo y moral que converge hacia la universalidad concreta que corresponde a la Constitución ya las leyes.