Los problemas asociados al consumo problemático de drogas se intensifican en territorios de vulnerabilidad psicosocial al multiplicarse los obstáculos materiales y simbólicos para el acceso y cuidado de la salud. La plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657 involucra una profunda transformación en el campo de la respuesta asistencial a los problemas vinculados al uso de drogas, que no es meramente enunciativa, sino que exige la transformación y creación de dispositivos sustitutivos a la lógica manicomial. Es pertinente en este escenario, promover procesos de problematización de las respuestas a las necesidades emergentes, reflexionando acerca de los conflictos que surgen de la tensión entre paradigmas tutelares y paradigmas de los Derechos Humanos.