La ley nacional de Salud Mental y Adicciones Nº 26.657 se posiciona desde el paradigma de los derechos humanos y otorga centralidad a los abordajes interdisciplinarios e intersectoriales con la modalidad de gratuidad, equidad e igualdad en el acceso a la atención en salud mental frente a las desigualdades sociales. Sin embargo, desde su sanción en 2010, acciones de las políticas públicas, intereses de las disciplinas e instituciones y los reclamos de movimientos sociales, tensionan e interrogan los alcances reales de su implementación. El objetivo del presente trabajo es comparar las representaciones y significaciones de los/as trabajadores/as del sector acerca de la viabilidad de la Ley y sus efectos entre los años 2011 y 2013, en el ámbito del Área Metropolitana de Buenos Aires. Con un abordaje descriptivo-cualitativo realizamos entrevistas, grupos focales y observaciones participantes en hospitales mono y polivalentes públicos de la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Desde un proceso recursivo y dialógico, resignificamos los hallazgos en la perspectiva de la Psicología Social Comunitaria y la Psicología Crítica. Para la realización del estudio se compararon los hallazgos de una investigación realizada en 2011 y su réplica en 2013. La muestra intencional y estratificada por profesiones contempla: médicas/os, psicólogas/os, terapistas ocupacionales, enfermeras/os y otras/os trabajadora/es.Entre los resultados se observa que frente a la norma, persisten como cambios visibles el viraje en cuanto a la conceptualización sobre las personas con sufrimiento mental y las propuestas de tratamiento y atención. No obstante, en el ámbito de las prácticas, la interfase salud-justicia, y en particular, las cuestiones vinculadas a la legalidad de las prácticas de internación, han sido las transformaciones más visibles del proceso de implementación de la ley. No obstante, emergen debates acerca de los alcances y límites de la autonomía de las personas con sufrimiento mental internadas en instituciones monovalentes que se manifiestan en la modalidad de implementación del consentimiento informado y otras prácticas y que revelan la vigencia de lógicas tutelares, conflictividad de intereses y visiones disciplinares e institucionales, que operan resistencialmente a las transformaciones. Asimismo, la asignación de recursos y la creación de nuevos dispositivos de atención en salud mental y adicciones que convergen y divergen con los lineamientos de la ley, también interpelan las posibilidades de implementación.