La centralidad de los derechos humanos de las personas con padecimientos mentales y con uso problemático de drogas, es eje de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 promulgada en Argentina el 02 de diciembre de 2010. En su construcción participaron organizaciones de usuarios, de familiares, de profesionales, gremiales y políticas. La ley se sustenta en un paradigma alternativo al manicomial, promueve abordajes interdisciplinarios e intersectoriales, así como la gratuidad, la equidad y la igualdad frente a las desigualdades sociales. Garantiza asistencia legal, revisión y excepcionalidad de las internaciones prolongadas y el consentimiento informado, tanto como el derecho a tomar decisiones vinculadas al tratamiento y rehabilitación e integración en la comunidad. Sin embargo, su implementación requiere profundizar procesos participativos que superen obstáculos político-financieros, técnico-corporativos e ideológicos para el reconocimiento del derecho a la salud mental, sin estigmatización y discriminación de las personas con sufrimiento mental. Este trabajo propone como objetivos: 1- comprender las representaciones y significaciones de los/as trabajadores/as del sector acerca de la viabilidad de la Ley y sus efectos, y 2- rastrear los obstáculos percibidos y las propuestas para su implementación de los actores involucrados. Con un diseño exploratorio descriptivo, de abordaje cualitativo realizamos entrevistas, grupos focales, observaciones participantes en hospitales mono y polivalentes públicos de la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Trabajamos con una muestra intencional y estratificada por profesiones: médicas/os, psicólogas/os, terapistas ocupacionales, enfermeras/os, y otras/os trabajadora/es. En el presente trabajo analizamos las producciones colectivas de un taller en el que convocamos a participar a distintos actores vinculados al trabajo en salud mental y adicciones (especialistas, usuarios, trabajadores, participantes de prácticas desinstitucionalizadoras, entre otros). Desde un proceso recursivo y dialógico, resignificamos los hallazgos desde la perspectiva de la Psicología Social Comunitaria. Como conclusiones señalamos que: frente a la norma, se observan facilitadores en los cambios acerca de la conceptualización y modalidades de atención; así como obstáculos vinculados a la vigencia del paradigma tutelar, la conflictividad de intereses y visiones, que operan resistencialmente a las transformaciones. Se advierte, desde los acotres, la necesidad de articulaciones interdisciplinarias e intersectoriales en las micropolíticas institucionales que colaboren en la construcción de viabilidades y transversalicen prácticas innovadoras; así como la relevancia de la participación de múltiples y diversos actores en un movimiento de Salud Mental que garantice la universalidad de la salud.