Los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos constituyen una problemática relevante sobre la salud de las mujeres que el movimiento feminista ha instalado en la agenda pública y de derechos humanos en las últimas décadas, en Argentina y en Latinoamérica, luego de que este derecho fuera conquistado en la mayoría de los países del mundo entre las décadas de 1960 y 1970. De hecho, según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017), para el año 2016, el 61% de las mujeres del mundo vivía en países en donde el aborto voluntario es legal. Principalmente se trata de países europeos, norteamericanos y asiáticos.A su vez, la misma OMS (2016) sostiene que 222 millones de mujeres que viven en países en desarrollo y desean evitar el embarazo, no tienen acceso a métodos modernos de anticoncepción. Una de sus consecuencias es que 47.000 mujeres mueren anualmente a causa de abortos inseguros y millones más resultan afectadas en su salud, algunas de manera grave y permanente. Entre el 20 y el 30% de los abortos inseguros causan infecciones del aparato reproductor y del 20 al 40% de ellos producen infecciones del tracto genital superior. Una de cada cuatro mujeres que se someten al aborto en condiciones de riesgo es propensa a desarrollar discapacidad temporal o permanente que requiere atención médica. Por cada mujer que requiere de atención post-aborto en un hospital, hay varias que han tenido un aborto inseguro y no buscaron atención médica con anterioridad porque consideraronn que la complicación no era grave, porque no tenían los medios financieros necesarios o porque temían abusos, malos tratos o represalia legal.