Luego de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño en Argentina, la provincia de Mendoza fue la primera en ajustar sustancialmente su normativa interna. La Ley provincial No. 6354, promulgada en 1995, generó resistencias, demoras y malas interpretaciones provenientes de la corporación judicial y la burocracia administrativa, que requieren ser analizadas más a fondo. Este estudio tiene como objetivo analizar las continuidades y rupturas políticas, institucionales y jurídicas que se han producido desde la sanción de la Ley provincial No. 6354 entre 1995 y 2005 en el contexto de la primera ola de reformas regulatorias del país. Este estudio permitió comprender las resistencias tanto de los sectores oficiales como de la oposición, así como la importante influencia de los organismos internacionales. La institucionalidad fue construida y consensuada entre el gobierno y organismos internacionales con características afines a los postulados neoliberales de la época. Finalmente, el estallido social fue una oportunidad para que un poder judicial resistente reintrodujera la tutela sobre los niños pobres, frente a un debilitado poder económico, social y político administrativo.