Los cambios políticos y sociales acaecidos en la Argentina a partir de la recuperación de la democracia y, especialmente, luego de la crisis de 2001, ofrecen un adecuado contexto para el estudio de las políticas formuladas por el Estado en relación con los problemas poblacionales. En diciembre de 2003 el parlamento Argentino aprobó la ley de migraciones N° 25.871, en reemplazo de la “Ley Videla” -que rigió durante más de veinte años- norma conocida por su alto carácter restrictivo y persecutorio en el tratamiento del fenómeno migratorio. La norma en vigencia apuntaría a formular una nueva política demográfica nacional. Frente a este nuevo escenario, en materia de normativas migratorias, el presente trabajo tiene como objetivo el estudio de las políticas migratorias llevadas a cabo por el gobierno argentino luego de la sanción de la actual ley migratoria. Para ello, se analiza el programa nacional de normalización documentaria, conocido como PATRIA GRANDE, el cual tiene por finalidad regularizar la situación migratoria de los extranjeros nativos de los Estados miembros del MERCOSUR y de sus Estados asociados. El programa implementa un nuevo criterio de radicación basado en la acreditación de la nacionalidad de uno de los países de la región y adoptando la buena fe como principio rector. Creemos que este análisis será de utilidad para el estudio de las consonancias -y disonancias- de los vínculos entre las políticas públicas, las prácticas políticas y el discurso político en la actual administración de gobierno. Para ello, se propone un abordaje cualitativo basado en entrevistas semi-estructuradas con el objetivo de trazar vasos comunicantes entre las políticas públicas y los actores sociales involucrados en las mismas: funcionarios de la Dirección Nacional de Migraciones, los inmigrantes que desean regularizar su situación, como así también, las instituciones sociales colaboradoras.