A partir de los noventa en América Latina, los lineamientos de la nueva regulación se fueron imponiendo en los diversos segmentos laborales; los campos de la educación pública –básica, media y superior– no quedaron exentos. Se impulsaron políticas para la reforma educativa y sus procesos científicos, y en ese camino se flexibilizaron las condiciones contractuales del trabajo, para derivar en una precarización. En las universidades se proyectaron estrategias encaminadas a regular todas las formas de organización, y administración institucional para cumplir con las funciones socialmente asignadas. Desde luego, la contratación académica y sus remuneraciones directas e indirectas quedaron insertas en la regulación. El mecanismo para redistribuir el presupuesto público universitario inicialmente fue la deshomologación salarial y con ella vinieron las evaluaciones. Mecanismos idóneos proveer de incentivos materiales y estímulos económicos a las universidades en su conjunto, pero también, para regular el trabajo académico e impulsarlo hacia los requerimientos del mercado y la acumulación global