p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 120%; widows: 2; orphans: 2; }p.western { font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 11pt; }p.cjk { font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 11pt; }p.ctl { font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 10pt; }a.western:link { }a.ctl:link { } Algunos años previos a la implementación del Programa Conectar Igualdad (PCI), muchos de los debates en torno a la educación y las tecnologías digitales estaban enfocados en intentar anticiparse a un futuro próximo dentro del ámbito escolar, en el mejor de los casos algunas reflexiones remitían a experiencias pilotos locales como forma de poder comprender este nuevo universo. La distribución de computadoras personales en un lapso breve de tiempo, casi cuatro millones de netbooks en 5 años, pone a todo el sistema educativo frente al desafío de incorporar las tecnologías digitales de modo repentino y con cierta urgencia. La coyuntura práctica lanza un grito de auxilio a la reflexión teórica, donde lejos de obtener una respuesta sistematizada lo que se obtiene hoy en día es la necesidad de una praxis. Si bien se podría discutir sobre los términos en los que se implementó el PCI, resulta más fructífero debatir en torno a los desafíos que existen hoy en día en relación a cómo está dada la situación en concreto, esto por supuesto exige realizar un reflexión crítica respecto de lo que existe y de lo que falta construir a la hora de pensar la formación docente y las tecnologías digitales. El objetivo de este trabajo es describir y analizar las políticas educativas argentinas en ocasión del Programa Conectar Igualdad en la formación docente. El eje del análisis estará centrado en aquellas iniciativas que involucren a los estudiantes de los profesorados orientados a la educación secundaria (normal y especial) de todo el territorio nacional ya que ellos son beneficiarios del programa y se forman para impartir clases donde está enfocado el PCI, es decir el nivel secundario. Los documentos y políticas a analizar serán aquellas brindadas por los organismos estatales a nivel nacional, reservando las iniciativas de tipo jurisdiccionales para futuras investigaciones.