Desde fines de la década de los 80 y principios de los 90 asistimos en América Latina a un sugestivo proceso de aproximación en los modos de intervención, por parte de los gobiernos, de los programas de lucha contra la pobreza. El fenómeno coincide con una situación inédita hasta el momento, la decisión de los organismos internacionales (OI) presentes en la región de convertirse en actores principales de la política social.