En el caso de Argentina, los años posteriores a la crisis económica de 2001-2002 han estado marcados por el protagonismo creciente del Estado tanto en el funcionamiento de los mercados como en la producción de bienestar. El objeto de este ensayo es indagar la relación recíproca de las reformas promovidas por los gobiernos de este periodo en el área de las políticas sociales con la evolución de los principales indicadores socioeconómicos. Es verdad que a partir del 2003, el crecimiento económico, y en particular del empleo, incrementaron la cobertura de las instituciones tradicionales de la seguridad social. Pese a ello, muchos sectores de la población permanecían excluidos de la protección social, por no tener acceso al mercado laboral regulado. Para hacer frente a estas carencias del sistema contributivo, el gobierno desarrolló un conjunto de políticas de protección social de tipo no contributivo, siendo el caso más significativo el programa de transferencias denominado Asignación Universal por Hijo, y relajó las condiciones de acceso para el sistema previsional para extender la cobertura de la población mayor. Un efecto esperado de estas medidas fue promover el crecimiento económico al ampliar la demanda efectiva de los sectores más vulnerables. Sin embargo, aunque estas medidas han logrado cubrir a sectores antes excluidos, el contexto de elevada inflación en el que se inscriben produce que el valor efectivo de las prestaciones haya fluctuado de manera contradictoria respecto al objetivo de satisfacer las necesidades básicas de los hogares más vulnerables. En este trabajo se discuten las dimensiones del problema, estimando el alcance real de las principales políticas de protección social de Argentina. Los resultados del análisis contribuyen al debate sobre los límites y las potencialidades de las políticas sociales en ese país