Las transformaciones en la concepción de las políticas sociales para la infancia que involucran la perspectiva de derechos e inclusión social, generaron por un lado una indiscutida ampliación de los derechos de los niños como sujetos particulares. Sin embargo, el discurso de derechos convive y participa de dispositivos que fomentan el autocontrol y la capacidad individual o familiar de administrar riesgos (De Martino, 2010). Asimismo dicho discurso se instala en un contexto de gestión de la vida, de ordenación de las poblaciones y administración de los cuerpos, donde la “conservación de los niños”, se torna una de las principales estrategias de ejercicio del poder en las sociedades de normalización (Donzelot, 1979). Así, mientras se expanden los derechos, aumenta el abordaje individualizante del conflicto, entendiéndose a éste como parte de una inhabilidad personal, sin vinculación con procesos sociales y políticos (Schuch, 2006). Los sistemas de protección de derechos se constituyen así en un sistema complejo que recoge contradicciones importantes. Por un lado, parecen consistir en los dispositivos de gestión de los cuerpos dentro del proyecto de racionalización que Foucault llamó biopolítica. Al ampliar los derechos, al mismo tiempo en que se constituye un dispositivo de protección, se produce un espacio para la instauración de procedimientos de control en niveles más refinados (Silveira Lemos, 2003). Pero al mismo tiempo, se despliegan -o procuran- procesos de protección y garantía de derechos, que generan espacios de negociación posibles para los sujetos. De este modo, el control y la protección no aparecen como opuestos, sino que se articulan y forman un dispositivo complejo, en el que prácticas y discursos entran en contradicción y tensión, jugándose allí las posibilidades de abonar a la ampliación de derechos o al control.