La presente ponencia se inscribe en las investigaciones llevadas adelante por los autores, respecto de la implementación del marco normativo, institucional y sociopolítico de las políticas de protección de derechos dirigidas a los niños, niñas y adolescentes en la provincia de Buenos Aires. Se intentará así, a través de la misma, describir los procesos de mediación en los procedimientos de intervención estatal sobre la niñez y las articulaciones entre normativas globales y prácticas locales. En particular, nos proponemos indagar los procesos de implementación cotidiana, mediación y apropiación de los lineamientos de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y las Leyes de Protección de los Derechos del Niño (Ley Nacional Nº 26.061 y Ley Provincial Nº 13.298), en instituciones ejecutoras que trabajan a nivel local en la Provincia de Buenos Aires, en las cuales ambos autores llevan adelante su respectivo trabajo de campo (inicial y exploratorio), esto es, Quilmes y La Matanza. Ello con el fin de mostrar diferentes experiencias de institucionalización del enfoque de derechos en contextos de desigualdad social, esto es, cómo bajo la misma normativa y propuesta de institucionalización se producen diversos escenarios en base a trayectorias y percepciones localmente situadas. Si bien ambos autores provenimos de trayectorias disciplinares y teóricas distintas, que a su vez derivan en hipótesis de trabajo diversas, esto no impide el abordaje confluyente de esta ponencia. Es así que apostamos a un proceso colectivo de construcción de conocimiento que, anclado en intereses y presupuestos básicos en común, nos permita enriquecer nuestras miradas singulares. Estos presupuestos en común se basan, por un lado, en concebir que las políticas sociales para la infancia y la adolescencia son normativas pero a la vez un campo de disputa para la interpretación de necesidades (Fraser, 1997), tanto política como simbólica; lo que implica que no se trate de una política establecida de antemano sino en permanente disputa. Por otro lado, partimos de considerar los derechos de los niños, niñas y adolescentes no como un ideal abstracto, al que las prácticas sociales concretas deben acercase, sino, como un proceso constantemente apropiado y redefinido por actores en contextos históricos, culturales, sociales y políticos particulares (Scott, 1999; Rockwell, 1996). En este mismo sentido, entendemos necesario analizar las múltiples interpretaciones y negociaciones de sentidos que los actores sociales ponen en juego, vinculándolos con las prácticas sociales en que se expresan y adquieren sentido las estructuras y relaciones de poder. Por dicha razón es que se describen las prácticas institucionales en tanto estrategias discursivas que interpretan, concretizan y recrean la perspectiva de ampliación de derechos de las niñas, los niños y adolescentes para los cuales son desarrolladas.