La adscripción de un país a la Convención Internacional de Derechos de los Niños (CIDN) supone que éste adecue los lineamientos centrales de sus políticas de intervención sobre la niñez a los parámetros enunciados en ella. Se argumenta que esto impone cambios en niveles normativos e institucionales, pero también en las relaciones e interacciones entre los diversos actores involucrados. Entendemos, sin embargo, que estos procesos no se dan de maneras lineales u homogéneas, sino que asumen singularidades en los diversos contextos en los que son tematizados. En nuestro país la recepción de la CIDN adquirió sentidos particulares debido a ciertas demandas de carácter local que elaboraban diferentes actores sociales inscriptos en el heterogéneo campo de los “derechos de los niños/as y adolescentes”. Una de las aristas de esas demandas –que debe ser interpretada a la luz de la fuerte retórica contra el denominado “paradigma de patronato” que primó en este campo giraba en torno al rechazo de la práctica de internar niños en instituciones (hogares, institutos de menores, comunidades terapéuticas) y así, separarlos de sus familias. Uno de los fundamentos de esa demanda residía en entender a esa práctica como una respuesta uniforme y compulsiva por parte de los agentes judiciales encargados de intervenir. En este marco, la incorporación de la CIDN fue interpretada y acompañada de un movimiento que intenta remover esas “viejas prácticas” y construir nuevas, otorgándole centralidad al postulado según el cual el niño debe permanecer dentro de su grupo de convivencia. A los fines de este trabajo, recuperamos la noción de desinstitucionalización presente en este campo, como aquella meta que debería orientar todas las intervenciones de políticas públicas dirigidas a los niños/as a los fines de evitar su separación del grupo familiar, cuyo supuesto subyacente sostiene que el entorno familiar es el ámbito idóneo para su desarrollo. En esta ponencia, en base a las experiencias de nuestras respectivas investigaciones (de índole cualitativo) en distintos ámbitos vinculados a políticas de niñez en la Provincia de Buenos Aires, nos interesa, en primer lugar, indagar cómo esta meta se pone en juego en procesos asociados a la creación de programas sociales orientados a apuntalar a la familia como ámbito privilegiado de crianza. Luego, buscaremos dar cuenta cómo, desde las prácticas de intervención cotidianas en organismos de protección este imperativo desintitucionalizador supone, para los trabajadores estatales, una serie de dilemáticas decisiones. Finalmente, analizaremos los diferentes argumentos esgrimidos por agentes judiciales y autoridades de hogares convivenciales que se ponen en juego a la hora de decidir las mejores alternativas para aquellos niños que se encuentran viviendo en instituciones. Por último, queremos destacar que nuestro horizonte no es analizar desde una perspectiva legalista en qué medida las prácticas se ajustan a las normativas, sino desarmar cómo la meta desintitucionalizadora, al tomar cuerpo en políticas y lógicas institucionales, configura un abanico de practicas y sentidos heterogéneos.