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Análisis de la ley 387 de 1997: su impacto psicosocial en la población desplazada
Aguilera Torrado, Armando.
Reflexión Politica, vol. 3, núm. 5, 2001, pp. 1-10.
  ARK: https://n2t.net/ark:/13683/prOX/sxq
Resumen
Sociedades como la nuestra reclaman un manejo racional del conflictoarmado bajo el cual vive el pueblo hace más de 40 años; igualmente, exigenque se hagan esfuerzos racionales en la búsqueda de alternativas quepermitan llegar a la solución de los problemas sociales generados por laviolencia.En esta racionalización de alternativas el Estado debe partir de lasexperiencias que han tenido las diversas organizaciones en contextosnacionales e internacionales en el manejo de las consecuencias dejadaspor situaciones de violencia política, sobre todo cuando hay la intención deestablecer medidas de prevención, protección y ayuda humanitaria.Un gobierno que quiera entender y superar los conflictos sociales que segestan en el interior de su territorio, debe partir del conocimiento deexperiencias previas a fin de no repetir errores y evitar el gasto innecesariode recursos económicos y de tiempo. La búsqueda de alternativas parasuperar los efectos de la violencia política no debe llevar a los gobiernos ala aplicación descontextualizada de técnicas y recetas, pues estas noconducen a solucionar el problema y, por el contrario, lo agravan en lamedida en que producen e incentivan otros conflictos no previstos nipertenecientes a la problemática que se pretendía solucionar inicialmente.
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