En este artículo nuestro objetivo es indagar los modos a través de los cuales el ámbito judicial desarrolla diferentes intervenciones que teniendo como meta explícita la “protección” de niños y niñas, se orientan también a administrar y normalizar a sus familias. Para ello se focaliza el análisis en expedientes judiciales, que tramitan en diferentes juzgados y tribunales, con el fin de describir los procedimientos, las resoluciones adoptadas y las medidas dictadas en esos procesos, y de analizar la trama de relaciones –entre agentes judiciales, administrativos, autoridades de los hogares donde residen los niños, familiares- a partir de la cual se configuran y postulan distintas “soluciones posibles”. Repertorio de soluciones –que serán ofrecidas o impuestas y que variarán a lo largo del proceso judicial- con las que se busca componer un “orden familiar”, ya sea preservando el vínculo de los niños con su familia de origen o encaminándolos hacia la adopción. A partir de este análisis nuestro objetivo es reflexionar sobre un dominio de prácticas estatales que –intentando zanjar desigualdades, previniendo futuros y potenciales peligros, o protegiendo a una población considerada vulnerable- son desarrolladas por diferentes agentes y conforman la “dimensión tutelar” del Estado.