El presente trabajo analiza los procesos de institucionalización de las agendas LGBTIQNB+ en el ámbito sindical, poniendo el foco en sus condiciones de posibilidad, tensiones y límites. Para ello, se recuperan trayectorias de activismo en organizaciones de la sociedad civil que lograron incidir en el diseño e implementación de políticas públicas vinculadas a la diversidad sexual y de género, como base para comprender la emergencia de estas agendas en otros espacios institucionales. A partir de esta acumulación, el análisis se sitúa en una fase posterior: la traducción de dichas agendas en prácticas concretas dentro de estructuras sindicales. En este marco, la reforma estatutaria impulsada en 2022 por el Consejo Directivo Nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que incorporó las Secretarías de Salud y Seguridad Laboral, Géneros y Diversidades y Derechos Humanos, constituyó una apertura institucional significativa. Sin embargo, su implementación en las estructuras provinciales evidencia un proceso desigual, atravesado por limitaciones organizacionales, resistencias internas y dificultades operativas. El estudio de la experiencia en la provincia de Misiones desde 2023 permite identificar prácticas de intervención desarrolladas por activistas LGBTIQNB+ insertos en el ámbito sindical, que operan como puente entre la acumulación militante previa y las dinámicas institucionales. Entre ellas, se destacan el acompañamiento de situaciones de violencia laboral hacia mujeres y disidencias en contextos de precarización, desigualdad estructural y segregación ocupacional; la incorporación de agendas vinculadas a salud sexual integral, VIH y prevención de infecciones de transmisión sexual; y la generación de instancias de sensibilización orientadas a disputar sentidos en torno a la diversidad en el mundo del trabajo. Estos avances coexisten con obstáculos estructurales, tales como la persistencia de lógicas machistas, patriarcales y burocráticas históricas que dificultan el acceso a mecanismos de denuncia y resolución, la falta de dispositivos que garanticen procesos confidenciales y eficaces, y la escasa adecuación de herramientas existentes -como el Protocolo Nacional para abordar situaciones de violencia por motivos de género y orientación sexual de la ATE- a las realidades territoriales. En consecuencia, se sostiene que la institucionalización de estas agendas no constituye un proceso lineal ni acabado, sino una disputa permanente entre la apertura formal de espacios y las condiciones reales de implementación. Desde esta perspectiva, se propone repensar las herramientas sindicales existentes, avanzando hacia modelos más ágiles, situados y coherentes con las dinámicas territoriales, capaces de garantizar respuestas efectivas frente a las violencias en el mundo del trabajo.