En la actualidad, los jóvenes de baja instrucción se ven expuestos a mayores tasas de desempleo y precariedad laboral que los adultos en iguales condiciones, e, incluso, que los jóvenes con mayor preparación. Pero si bien es cierto que las mayores dificultades que enfrentan estos sectores para ingresar al mercado laboral se hacen presentes tanto en las economías desarrolladas como en las economías subdesarrolladas, es en estas últimas en donde el problema adquiere mayor alcance y valor cualitativo: ser joven pobre en un país pobre no constituye sólo un factor de riesgo de desempleo o de precariedad laboral, sino también de discriminación, marginalidad social y desafiliación institucional. En este marco, cabe preguntarse en el caso argentino: ¿En qué medida las políticas orientadas a superar este problema aciertan en el diagnóstico y constituyen una efectiva respuesta a los problemas de afiliación e inclusión social de los jóvenes con déficit educativo y laboral? En particular, en especial referencia a aquellos programas de capacitación y formación para el trabajo que están dirigidos a jóvenes pobres, generalmente bajo el financiamiento de organismos internacionales como el BID o el Banco Mundial, los cuales mantienen un importante desarrollo y una amplia presencia institucional. Ahora bien, la pregunta a la que hemos hecho referencia no puede contestarse tomando como criterio de evaluación los propósitos del gobierno ni los contenidos curriculares de los programas. Al mismo tiempo, si bien la cuantificación y el monitoreo sistemático, tanto del problema como de los resultados de gestión de las acciones, resultan tareas necesarias para este cometido, ellas no resuelven el interrogante de saber en qué medida las acciones de formación laboral producen o no mejoras efectivas en la inserción de los jóvenes. En cualquier caso, sólo la constitución y posterior comparación de un grupo de control con idénticas características a un grupo de beneficiarios (estadísticamente similar al grupo de intervención), permite efectivamente evaluar en qué medida las intervenciones del gobierno tienen el efecto buscado. Siguiendo esta premisa, como parte de un programa de investigación que estudia la problemática de inclusión juvenil a nivel general, se decidió realizar un estudio de impacto de un programa gubernamental de capacitación laboral en oficios, especialmente dirigido a una población de jóvenes pobres que no estudian. Dicho programa tenía como propósito mejorar la empleabilidad de los beneficiarios, para lo cual la investigación consideró la necesidad y factibilidad de realizar un experimento social a los efectos de evaluar este objetivo, medido en términos de inserción laboral entre otros resultados buscados, así como otros no esperados pero de interés en materia de inclusión social. La población objeto de estudio se focalizó en jóvenes de entre 18 y 25 años que no estudiaban, miembros de núcleos familiares que residen en áreas con alta concentración de pobreza en un municipio del conurbano bonaerense. El municipio donde se realizó el estudio es limítrofe a la Ciudad de Buenos Aires y se lo reconoce dotado políticamente de una ?buena? capacidad de gestión institucional. Este municipio se ubica en un área residencial reconocida como típica de ?clase media?, si bien al mismo tiempo cuenta con nuevos y antiguos asentamientos precarios y algunos barrios con alta concentración de pobreza socioeconómica. El experimento se desarrolló entre marzo de 2005 y julio de 2006 (16 meses), mientras que las acciones de capacitación del programa tuvieron lugar entre junio y diciembre del primer año (6-7 meses). Las acciones implementadas se ajustaron a los contenidos y las pautas nacionales del programa, el cual estuvo a cargo de una unidad ejecutora especializada a nivel nacional. A nivel local, las acciones de capacitación fueron ejecutadas a través de una organización no gubernamental -que concursó para tal efecto-, a la vez que la coordinación general recayó sobre el área municipal relacionada con los temas sociales de juventud.