La Ley 26206 en 2006 declaró la obligatoriedad del nivel secundario en todo el país, y definió a la educación como un derecho social y la responsabilidad indelegable de la Nación y de las provincias para garantizar el acceso, la permanencia y el egreso de todas y todos los jóvenes. En las últimas décadas, el Estado nacional, los provinciales y el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires han asumido metas importantes de ampliación de cobertura con el objeto de garantizar el derecho a la educación del nivel secundario. Desde entonces, la escuela secundaria viene atravesado transformaciones y redefiniciones de su estructura y del régimen académico en todas las jurisdicciones. Los objetivos planeados con estas políticas son erradicar el fracaso escolar, asegurar la permanencia de los estudiantes en la escuela y vincular al nivel secundario con el mundo universitario y laboral. Las provincias y CABA definieron la forma de intervención y de transformación de la escuela secundaria de acuerdo a sus capacidades, orientaciones y perspectivas, en muchos casos, con restricciones de recursos económicos, pero en muchos otros casos, en función de las propias orientaciones teóricos, conceptuales e ideológicos de los actores o en base a experiencias de otros contextos que, en interacción, articulan políticas e implementan distintas estrategias de cambio. En ese marco, irrumpió la pandemia de COVID-19, y la agenda del cambio se vio atravesada por los procesos de virtualización de emergencia y las propuestas tendientes a lograr la continuidad pedagógica de la escolaridad. La investigación indaga sobre aquellos aspectos que formaban parte de las líneas de transformación educativa y que debieron modificarse a partir de los procesos de continuidad pedagógica que se implementaron en las provincias a partir de la crisis de COVID-19. Esta investigación hizo foco en los instrumentos (técnicas, medios de funcionamiento y dispositivos) que hacen operativa la acción gubernamental. La elección de los instrumentos para la implementación de las políticas y su modus operandi no son opciones o elecciones puramente técnicas, lo que exige considerar su dimensión política. En esta investigación, se entiende como dispositivo aquellas disposiciones de diverso orden con capacidad performativa de las prácticas, tales como: i) el modelo de enseñanza/aprendizaje (gestión curricular, organización horaria, formatos de prácticas -talleres, proyectos, ateneos, etc.-, desarrollo de actividades sociocomunitarias; ii) los mecanismos de evaluación, acreditación de saberes y promoción; iii) los dispositivos de acompañamiento a las trayectorias escolares estudiantiles; iv) los roles institucionales; entre otros. En esta etapa nos centramos en el análisis de los procesos y mecanismos de evaluación y promoción de los estudiantes. La pregunta que nos orienta refiere a los cambios introducidos en la evaluación de aula como un dispositivo que presenta efectos inmediatos en las trayectorias de los estudiantes y, por consiguiente, en la concreción de la obligatoriedad escolar. La metodología para el abordaje de las preguntas de investigación se basó en el análisis documental y normativo, el análisis de la encuesta de continuidad pedagógica y la realización de entrevistas a informantes clave.