En la presente ponencia nos proponemos realizar una reconstrucción del conflicto en torno al uso de agrotóxicos y la construcción de una nueva ordenanza municipal al respecto, en el partido de San Andrés de Giles, partido que se encuentra a 103 km de la CABA. Posee una población estimada de 25.981 habitantes al 2021, cuenta con una superficie de 1.135km2, su densidad es de 22,89 hab/km2. Su dinámica poblacional ha ido en aumento, en términos absolutos se presenta un crecimiento de 7.679 personas entre 1991 y el estimado a 2021. La principal vía de acceso desde Capital Federal es la RN N°7 “Carretera Libertador General San Martín”, que forma parte del corredor bioceánico más importante del país junto al ramal de la carretera panamericana, ya que une las provincias de Buenos Aires, Santa Fé, Córdoba, San Luis y Mendoza. El 4 de noviembre de 2016 la Escuela Primaria Rural N° 21 “Joaquín V. González” se vio vulnerada a la fumigación de un campo lindero. Este suceso desencadenó un proceso de denuncia y organización por parte del colectivo ambiental local, a fin de visibilizar y problematizar las consecuencias del modelo de agronegocios en el partido, sobre la salud y el ambiente. El colectivo “Ambiente Saludable”, junto a vecinos y vecinas demandaban la modificación en la ordenanza N° 1761/14 vigente, que permitía la aplicación terrestre con productos banda verde a tan solo 200 metros de las escuelas rurales, y no presentaba disposiciones respecto de las viviendas rurales. Se establece así un silencio regulatorio que beneficiaba al sector agroindustrial (Molpeceres, 2022). Para construir el proyecto de ordenanza se realizó una audiencia pública. Este proceso es considerado un momento histórico porque fue la primera en el partido, que se llevó a cabo el 7 de abril de 2017. En el debate generado en la audiencia pública pudo visualizarse la lucha de intereses entre una fracción de la sociedad civil local, que peticionaba ante el Estado por el cumplimiento del art. 41 de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente, y el derecho a la salud de la población; y por otro lado, desde el ejecutivo y la Sociedad Rural, quienes convocaron a productores y especialistas del INTA, que sostenían la inocuidad de los agroquímicos y al agronegocio como único modelo posible de desarrollo para el país. En este contexto se presentaron distintos proyectos de modificación de la ordenanza en relación con el “uso de agroquímicos”, y en la aplicación de la política pública propuesta pueden observarse las dinámicas de las relaciones (históricas) de poder en el plano local, mediadas por los agentes del Estado. A su vez, tras la audiencia pública, y en el proceso de discusión de la ordenanza vigente, se llevó a cabo en la localidad el 8° Encuentro de Pueblos Fumigados de la provincia de Buenos Aires y 1° Encuentro de Agroecología, hechos que “pusieron en agenda” las problemáticas asociadas al modelo productivo en la región, “desde abajo”, desde la movilización social.