La reciente autorización en la Argentina y en el mundo de la comercialización del primer evento de trigo transgénico tolerante a la sequía y al herbicida glufosinato de amonio por parte del Ministerio de Agricultura reactivó el debate sobre la cuestión de los transgénicos y de su relación con los agroquímicos, así como también sobre las posibles ventajas y los potenciales riesgos ambientales, sociales y económicos que conlleva la aplicación de este tipo de tecnología. Desde 1996 en que se autorizó el primer Organismo Genéticamente Modificado (OGM), la soja RR, resistente a glifosato, la cartera de agricultura aprobó para el uso agrícola una gran cantidad de eventos de soja, maíz y algodón que fundamentalmente tienen las propiedades de tolerancia a herbicidas, resistencia a insectos o combinaciones de ambas. Por otra parte, considerando los eventos autorizados hasta la fecha, la mayor parte tienen la propiedad de tolerancia a herbicidas, lo que permite su aplicación durante la etapa de crecimiento del cultivo y, entre otras consecuencias, ha aumentado considerablemente las cantidades aplicadas de estos productos que tienen riesgos para el ambiente y la salud humana. A su vez, el aumento de la resistencia de las malezas ha llevado a que se retorne al uso de herbicidas más tóxicos, y se generen eventos GM tolerantes a los mismos. Es el caso del glufosinato de amonio, el herbicida al que tiene tolerancia el nuevo trigo transgénico. Con políticas que tuvieron continuidad durante los diferentes gobiernos desde 1996, hasta ahora los transgénicos han contado con la aceptación de los actores económicos pero con el rechazo de la mayoría de los actores sociales. La comunidad científica, en general, se manifiesta dividida. Mientras que los investigadores del área biotecnológica los aceptan de manera unánime, existe un creciente nivel de cuestionamiento desde otras áreas con motivo de los potenciales efectos de este tipo de tecnología. El aspecto novedoso en el caso del nuevo trigo genéticamente modificado es que a diferencia de los anteriores eventos transgénicos aprobados concita el rechazo generalizado de casi todos los actores económicos, académicos y sociales involucrados por sus potenciales riesgos ambientales y económicos. Desde el gobierno, particularmente el Ministerio de Agricultura, la firma beneficiada -que es una asociación entre Bioceres, empresa de capitales nacionales, y científicos del CONICET- y los científicos vinculados a los desarrollos biotecnológicos, se ha ponderado el nuevo evento fundamentalmente por su propiedad de resistencia a la sequía, omitiendo o minimizando los efectos de la tolerancia al glufosinato de amonio, destacando, entre otros argumentos, potenciales beneficios en términos productivos y ambientales. Entre otras cuestiones, desde una mirada crítica cabe preguntarse si se trata de una medida que efectivamente beneficia al conjunto de la sociedad, o si de alguna forma expresa un vínculo entre algunos intereses políticos, científicos y económicos. A continuación se propone discutir algunas de estas cuestiones con foco en el rol del Estado, particularmente en los dispositivos regulatorios implicados, y de la comunidad científica que también forma parte de dichos instrumentos de políticas.