La educación es considerada como un derecho humano fundamental, presente en una red de tratados internacionales y constituciones nacionales. En este contexto, cada nivel del sistema educativo estuvo y está pensado, en nuestro país, desde una perspectiva de derechos; siendo garante: el Estado. En ese sentido, el Estado tiene la obligación de destinar los recursos necesarios para financiar la formación docente inicial y continua. Aún hoy en día, en Argentina, existen obstáculos para el desarrollo pleno de este derecho, lo cual es alarmante si tenemos en cuenta las desigualdades sociales que han existido históricamente. Como parte de estos obstáculos, observamos que, partiendo de una lógica que reproduce los sentidos de la cuarta revolución industrial; se han implementado políticas que introducen propuestas educativas mercantilistas en el campo de la formación docente. En ese marco, se ha permitido el desarrollo de una industria ligada a la extracción de lucro en la educación y al achicamiento del Estado y del espacio público. Mediante distintos acuerdos internacionales que se plasman en normativas y legislaciones nacionales se encuadra una responsabilidad compartida entre el sector público y el privado, adquiriendo el Estado una lógica empresarial. El proceso de fragilización de lo público no solo abarca el incremento de la oferta privada, también incorpora una perspectiva del Estado buscando “transformar” las propuestas de formación en pos de los intereses del mercado. Un claro ejemplo de este proceso se materializó, en el año 2017, cuando el gobierno de la CABA, lanzó la propuesta de creación de una Universidad para la formación de docentes. Dicha propuesta contrapone los sentidos que se han construido tras la concepción de la formación docente como un derecho; apropiándose de discursos de los medios de comunicación de carácter hegemónico, los cuales han desarrollado una retórica orientada en formar una opinión positiva acerca de la privatización de la educación y justificando la necesidad de “transformación” en la formación de docentes; siempre con el objetivo de legitimar los prejuicios que descalifican el trabajo docente. Este avance del discursivo neoliberal ha logrado instalar una "solución al problema” que diagnostica. Sin embargo, la construcción de esa “solución” no está ligada a abordar diferentes vías o perspectivas que involucren saberes específicos (académicos, docentes, sindicales, etc.); ha involucrado para el desarrollo de la propuesta los datos obtenidos a partir de una encuesta pública dirigida a lxs ciudadanxs porteñxs cuya única pregunta versaba: ¿estás de acuerdo con que la formación docente pase de ser terciaria a universitaria? Inscribiéndose esta construcción de sentido común en todas las esferas sociales. Así mismo, la formación docente continua ha perpetuado la lógica de mercado en la constitución de los programas y sentidos que se le brindan a las propuestas. Se plantean propuestas completamente alejadas de la perspectiva de derecho; promoviendo la deshumanización y una mirada completamente acrítica de la tecnología y en favor de los intereses del mercado. El debate acerca de las políticas públicas y la normativa en el campo de la formación docente se presenta completamente despolitizado y permeado de la lógica mercantilista.