De acuerdo con Beloff, a pesar de los relevantes avances en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y de la infancia, al ponerse el foco específicamente en las niñas se advierte que el vasto corpus juris de protección de los derechos humanos sólo se refiere a ellas “de forma tangencial, mínima, como una derivación de los derechos de las mujeres (en general), o bien de los niños (en general)” 1 . No obstante ello, a partir de los cambios que se están dando en los mecanismos tradicionales de control social (que parecerían estar provocando una mayor incidencia de adolescentes mujeres en la justicia juvenil), como así también una creciente influencia de los derechos humanos en los sistemas penales, la condición de las niñas infractoras de la ley penal ha empezado recientemente a ser tematizada. En esta línea se enrola el Proyecto UBACyT titulado “Niñas invisibles: vulnerabilidades múltiples y protecciones cruzadas en la justicia juvenil”, dentro del cual se enmarca la presente ponencia. En concreto, en este trabajo nos hemos propuesto visibilizar la situación de las niñas imputadas de delitos en la justicia juvenil a lo largo de todo el país, conocer la regulación que se les aplica y contrastarla con las exigencias emanadas del corpus iuris internacional para comprobar si garantiza sus derechos específicos derivados de su edad y género. Asimismo, tiene como objetivo determinar las ventajas y déficits institucionales existentes en su abordaje. A tal efecto, luego de un análisis de los instrumentos internacionales pertinentes, se han relevado las distintas normas que regulan la situación de las niñas en conflicto con la ley penal en cada una de las diez jurisdicciones elegidas a modo de muestra, a los efectos de determinar si les ofrecen una protección especial dentro del sistema penal juvenil, y en tal caso, qué tipo de protección y cómo ésta se implementa. En este sentido, se relevaron y analizaron normas de distinta jerarquía de cada una de las jurisdicciones en cuestión, incluyendo la Constitución Nacional y las constituciones locales y las legislaciones nacionales y provinciales; pero también las resoluciones y disposiciones de los distintos organismos locales, dependiente del Poder Ejecutivo. Las principales dificultades metodológicas surgieron de la dispersión normativa que existe en materia penal juvenil y de la dificultad que existe en el acceso a la información en ciertas jurisdicciones. De acuerdo al relevamiento actual, como conclusión general, se advierte que la legislación específica es escasa y que, en la mayoría de los casos, las niñas se encuentran incluidas de manera genérica en el colectivo de infancia, sin que se establezcan regulaciones que tengan en consideración sus necesidades específicas derivadas de su género y de su edad.