El propósito de esta presentación es el de generar un espacio de reflexión y diálogo en relación a la temática que problematizamos en la investigación que estamos desarrollando: De representados a representantes: la participación de las Personas con Discapacidad (PcD) en los espacios políticos universitarios. A la luz de los datos recuperados de las entrevistas realizadas a las y los protagonistas de este estudio: PcD que se desempeñan en diferentes claustros universitarios, nos preguntamos ¿Cómo la implementación de nuevas tecnologías facilita la participación a las de PcD en estos espacios?. El presente trabajo se encuentra enmarcado dentro de un proyecto orientado por la práctica pre profesional perteneciente al observatorio de la Discapacidad, de la Universidad Nacional de Quilmes, como también corresponde a una actividad de beca CIN (Consejo Interuniversitario Nacional), del Ministerio de Educación. El marco legal actual que da respuesta a los derechos de las PcD, se desarrolla bajo la ley N° 22.431 (Sistema de protección integral de los discapacitados), esta ley en cuestiones de accesibilidad se focaliza específicamente sobre el acceso al medio físico, sin contemplar otras de las barreras sociales que oprimen a las personas con derechos ciudadanos a participar. Se observa aún la negación de otras barreras sociales que no consideran los cuerpos que no responden a los estándares normativos obligatorios. Se evidencia de este modo la exclusión de los mismos. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley Nº 26.378) es el paradigma sobre el que actualmente se orienta la implementación de una perspectiva social de la discapacidad, y tiene como finalidad promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las PcD. En esta línea, la Organización Mundial de la Salud, identifica además de las barreras físicas, las barreras ligadas a cuestiones de actitud, las barreras que dificultan la comunicación, las barreras económicas y las barreras que dificultan el acceso a la atención de salud. En nuestro país, la Ley 26.522. sobre servicios de comunicación audiovisual obliga a los profesionales relacionados con las temáticas a: “Garantizar que los grupos sociales específicos, las personas con discapacidad, entre ellos los usuarios con problemas graves de visión o discapacidad visual, los hipoacúsicos y los impedidos del habla, las personas mayores y los usuarios con necesidades sociales especiales tengan acceso al servicio en condiciones equiparables al resto de los usuarios, de conformidad con lo establecido en la normativa específica”. Esta ley que promueve este cambio de paradigma, tiende a implementar una mirada más interseccional, que considere la necesidad de producir, dispositivos y procesos que contemplen la variedad y suficiencia de todos los cuerpos humanos. Es preciso señalar que, dentro de los factores que facilitan la inclusión de estudiantes con discapacidad en educación superior, se encuentran las actitudes positivas hacia la inclusión, el respeto hacia las diferencias, pero se observa la ausencia de participación de las PcD en espacios de derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones.