El auge de atención en las sociedades modernas de las reivindicaciones de grupos étnicos o raciales ha requerido a la filosofía práctica la definición de una base ética fuerte de tales requerimientos. Este reclamo implica que los conflictos sociales relacionados con problemas de identidad desbordan las explicaciones académicas que los circunscriben a confrontaciones, en unos casos, por representación o poder político, otros luchas por poder económico y, otras, más frecuentes, por reivindicaciones de la cultura. En esta ponencia se indaga si las demandas de inclusión política, bienestar económico, derechos de territorialidad, de etnoeducación atribuibles a los grupos o presencias poblacionales étnico-racialmente diferenciadas, como ejes nodales de las luchas por el reconocimiento desbordan las aspiraciones a una justicia distributiva y representación política igualitaria para aspirar, además, al reconocimiento de sus diferencias culturales como necesidad vital. Para abordar la temática, primero, se intenta una aproximación comprensiva a la teoría de la lucha por el reconocimiento de Georg Wilhelm Friedrech Hegel y la reinterpretación contemporánea de esa teoría por George Herbert Mead, para luego retomar las interpretaciones y aplicaciones éticas de esa teoría según Charles Taylor, Jürgen Habermas, Axel Honneth y Nancy Fraser. Fundamentalmente se espera mostrar que las condiciones de democratización de la educación y de la formación para la ciudadanía democrática se constituyen en contexto posible de reconocimiento recíproco o de su truncamiento. La propuesta de un análisis filosófico informado por las experiencias de falso reconocimiento y por la implementación de los condicionamientos constitucionales del multiculturalismo en Colombia, permite analizar los ejes de acción de la “política de la identidad”. Se trata de mostrar que el falso reconocimiento o la ausencia de reconocimiento no es un asunto solo de desprecio cultural. La raíz de las demandas de justicia se encuentra tanto en la precariedad de la representación política del grupo o población diferenciada, en la ausencia de figuración social, cultural y de reivindicación de la territorialidad de los grupos marginados o excluidos como en la ausencia de una conciencia o fundamento moral del desprecio al que se somete la población vulnerada. El falso reconocimiento constituiría una relación institucionalizada de subordinación y una violación de la justicia, que incluso el mismo sujeto afectado puede “ver” como “normal” o merecida, producto del ser representado por unos valores institucionalizados y promovidos en la educación formal que impiden u obstaculizan férreamente la participación como igual en la vida social. . La complejidad del asunto, implica que la normatividad ha de atacar la fuente de los elementos que externamente se constituyen en objeto de discriminación, del olvido o de los silencios en los discursos institucionalizados o no institucionalizados de las significaciones de las contribuciones de las poblaciones maltratadas a la dirección de la sociedad, hacer respetar y celebrar las diferencias, no es solo permitir desfiles y enaltecer sus prácticas folclóricas.