La pérdida de los territorios ancestrales del pueblo mapuche en Chile, a causa de una política estatal histórica que propició su usurpación, significó un grave perjuicio para sus comunidades: desarticulación social, confinamiento espacial, pobreza, desigualdad étnica y migración forzada a núcleos urbanos. Por otro lado, la propiedad de dichos territorios ha pasado a manos de empresas dedicadas a la extracción de recursos naturales, cuya producción ha fomentado el Estado las últimas décadas. Así, las actividades económicas desarrolladas en la zona, responden cada vez más a intereses incompatibles con la protección del medio ambiente, y no a la relación armónica que el pueblo mapuche ha tenido siempre con la naturaleza. Esto se ve agudizado por los escasos espacios de participación indígena que ofrece la legislación chilena, que no garantizan su ejercicio efectivo y su real influencia en la toma de decisiones en asuntos que afecten estos territorios. Este trabajo estudia la normativa chilena sobre participación y consulta indígena -así como su aplicación en ciertos casos pertinentes-, territorios ancestrales de pueblos originarios, y la relacionada con el fomento de actividades industriales en la zona (específicamente la forestal). A partir de todo lo anterior, plantea que es necesario un cambio significativo en el modelo de desarrollo que se aplica en territorios indígenas, y que éste debe contemplar un mayor grado de participación de las comunidades originarias. En este sentido, los mecanismos que se diseñen deben cumplir con las obligaciones internacionales que tiene Chile de garantizar el derecho de autodeterminación de los pueblos nativos, así como con los estándares que el Derecho internacional ha elaborado con respecto a consulta indígena.