Un denominador común en la normativa antijudía (se tratara de disposiciones seculares o eclesiásticas) era aquel que apuntaba a impedir que, en cualquier situación que fuera, los judíos pudieran adquirir cierta predominancia que les facilitara someter o condicionar a un cristiano (de allí la prohibición reiterada de que poseyeran esclavos cristianos, por ejemplo). No obstante, y a pesar de que la relación acreedor-deudor implicaba una clara dependencia del segundo con respecto al primero, a los judíos se les permitía, bajo ciertas condiciones, prestar dinero a los cristianos. Mientras que para estos últimos existían restricciones para el préstamo a interés, a los judíos se los autorizaba a otorgar créditos, siempre que se respetara una tasa de interés prefijada; todo lo que superara ese límite se consideraba “usura”. En el caso de las leyes castellanas, el incumplir con ese requisito implicaba un delito grave, que podía acarrear para el acreedor sanciones de diversa envergadura, entre ellas el menoscabo de su capacidad jurídica y, en ocasiones, se podía llegar a la invalidación del contrato crediticio. Como consecuencia de estas disposiciones, las denuncias por “logro e usura” se hallaban a la orden del día, alimentando así el estereotipo del “judío usurero”, una figura férreamente consolidada, que a lo largo del tiempo se ha erigido como uno de los máximos pilares del antijudaísmo. Sin embargo, la documentación estudiada deja al descubierto una realidad sumamente compleja, que lleva como mínimo a cuestionar esas imágenes tan instaladas. Nuestra propuesta es, entonces, mostrar cómo, en manos de quiénes y bajo qué circunstancias emerge el delito de usura en los estrados judiciales.