En la presente ponencia analizaremos la construcción de sentidos en torno a lo “socioeducativo” y sus relaciones entre seguridad, pobreza y educación en Uruguay (s. XXI). En la última década en nuestro país, el término "socioeducativo" es un significante que ha ingresado fuertemente en distintas políticas públicas, entre ellas las educativas. De la indagación que hemos realizado hasta el momento en fuentes primarias y secundarias, podemos distinguir –al menos- dos grandes momentos significativos. En un primer momento, con el Código de la Niñez y Adolescencia (2004) lo “socioeducativo” aparece como sinónimo del conjunto de medidas privativas y no privativas de libertad por disposición judicial hacia adolescentes en situación de infracción penal. El Código incorpora el concepto de “Medidas socioeducativas”, como aquellas disposiciones judiciales hacia adolescentes, a partir de una situación considerada de infracción penal por parte de la justicia (CNA, art 77). En relación al término “socioeducativo”, los antecedentes más inmediatos son la Ley de Seguridad Ciudadana (aprobada en 1995) y –consecuentemente- los Programas cuyo propósito es “prevenir la violencia y el delito” (Ministerio del Interior, 1998). Con el Código, se produce una “legalización del concepto” que fusionaría “lo social” con “lo educativo”, donde “lo social” adquiere mayor prioridad en tanto aparece en primer lugar. En este marco, lo "socio" y "educativo” se refiere a disposiciones judiciales penales relacionadas con la privación de libertad o amonestación, así como con acciones desde programas estatales y organizaciones de la sociedad civil en la órbita del INAU para incorporar a la población adolescente a los centros de enseñanza, centros de trabajo y al medio familiar. En un segundo momento, “lo socioeducativo” trasciende el ámbito de la judicialización y aparece fuertemente vinculado a las acciones estatales en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). En torno a ello nos preguntamos, ¿Qué sentidos adquiere “lo socioeducativo” en los programas y propuestas que desarrollan estas instituciones?; ¿qué de lo “educativo” comienza a ponerse en juego?. ¿Cuáles son los perfiles que la política pública define para estas poblaciones?. Para aportar a dicho análisis tomaremos como ejemplos los objetivos que se proponen programas del MIDES, de la ANEP, y aspectos que componen la política del INR en la última década.