En este trabajo se exponen avances del proyecto de investigación “Políticas públicas e institucionales para la inclusión educativa en el Área Metropolitana de Buenos Aires: de la escuela secundaria a la universidad”, dirigido por Stella Maris Más Rocha (UNSAM, PAI 2017, Código G169). Uno de los aspectos que aborda esta investigación es el estudio la normativa educacional que regula la participación estudiantil en dos espacios clave de la escuela secundaria: los Centros de Estudiantes Secundarios (CES) y los Consejos Escolares de Convivencia (CEC). En esta ponencia nos centramos en la normativa jurisdiccional que regula la participación estudiantil en los CES a partir de la sanción de la Ley N° 26877 de “Creación y funcionamiento de los Centros de Estudiantes”, en julio del año 2013. De acuerdo al relevamiento realizado, entre los años 2012 y 2013 se presentaron en la Cámara de Diputados de la Nación cuatro proyectos diferentes referidos a los Centros de Estudiantes. Pese a la coincidencia respecto de la necesidad de ofrecer un marco legal que garantizase el reconocimiento de los Centros de Estudiantes, en ninguno de los proyectos como tampoco en el debate legislativo, se identificó la normativa preexistente en las jurisdicciones. La Ley parte de reconocer a los centros de estudiantes como “órganos democráticos de representación estudiantil” e involucra a todas las escuelas secundarias, los institutos de educación superior y las instituciones de modalidad de adultos, incluyendo formación profesional tanto estatales, privadas, como de gestión cooperativa y gestión social (Art N° 1). Consta de sólo 11 artículos y contiene definiciones generales sobre la participación estudiantil, la modalidad organizativa y la agenda de trabajo de los CES. Se trata de una ley nacional que proporciona un marco sobre el que cada jurisdicción elaborará o adecuará su propio corpus legal. Resulta pertinente preguntarse por las repercusiones e incidencias en la normativa provincial. Para ello realizamos un relevamiento y análisis comparativo de las regulaciones referidas a CES de las distintas jurisdicciones del país en los que consideramos dos ejes fundamentales: el contexto histórico de la sanción y el articulado. En el primer caso identificamos las jurisdicciones que ya tenían normas específicas, aquellas que las elaboraron con posterioridad y las que carecen de ellas. En el segundo caso, planteamos una categorización de acuerdo a la autonomía que se les reconoce a las organizaciones estudiantiles. El análisis nos permitió elaborar un mapa caracterizando la normativa vigente sobre centros de estudiantes a nivel nacional y reconocer algunas tensiones presentes en estos textos legales.