Se analiza la implementación de un programa de política educativa (PMI en la provincia de Buenos Aires) durante 2011 y 2013 y se sostiene que el diseño del programa estuvo basado en una concepción y en una teoría del cambio inconsistentes con las las condiciones y la dinámicas de los actores estatales. Las acciones requeridas por el modelo entraron en un conflicto con las prioridades de distintos actores de la administración provincial lo que trajo como consecuencia la dispersión de los recursos que el modelo requería para su implementación. Se postula la existencia de dos agendas macro políticas divergentes y de la existencia de distintas prioridades entre las instancias de gestión: entre los actores de la burocracia (inspectores, directivos, profesores) se privilegia la estabilización de las posiciones institucionales frente a un proceso de revisión de la reforma de la década precedente. La prioridad de las estabilización también insumió recursos de las Direcciones de línea que tenían a cargo el personal implicado en el Programa Por su parte, las agendas de las áreas de gestión técnica (áreas de capacitación, planeamiento) alcanzaron un alineamiento inicial al servicio del programa, alineamiento que no tuvo la persistencia requerida por el modelo de implementación que supone el diseño de la política. Finalmente, las autoridades locales (UEGD, autoridades distritales, Consejos Escolares, secretarías de inspección) tuvieron una agenda de “mantenimiento” cotidiano del sistema escolar y no participaron en las acciones requeridas por el Programa de Mejora. Con este análisis se deja planteado un interrogante sobre la capacidad de cambio sistémico de los programas de cambio basados en la escuela.