En un contexto de grandes transformaciones generadas por la intercomunicación e interdependencia del mundo globalizado, procesos de reestructuración del papel del Estado e implementación de políticas públicas de corte neoliberal con fuerte sesgo mercantilista, la dirección escolar y las exigencias a los sistemas educativos se han visto drásticamente alterados. Los procesos de reconfiguración de la función pública con el objeto de optimizar la administración de los servicios del Estado y superar la criticada burocracia tradicional, se han trasladado a los centros educativos. Podemos identificar como lo denominada Nueva Gestión Pública (NGP) ha penetrado en los modos de organizar y entender la administración y el gobierno de las escuelas (Andrade Oliveira, 2015; Ball y Youdell, 2007; García Sánchez, 2007; Verger y Normand, 2015), al instaurar lógicas de eficiencia, calidad y productividad en los procesos escolares. En esta coyuntura, la dirección escolar se encuentra atravesada por procesos de multirregulación, al interactuar en ella diversas fuentes de regulación (Barroso, 2005). Una regulación de tipo burocrática administrativa –el director como representante de la administración–, se entrecruza con una regulación profesional –el director como representante del cuerpo docente– y una nueva regulación post-burocrática, basada en el conocimiento para el control por los resultados educativos, la calidad de los procesos y el éxito de la organización escolar en su conjunto (Barroso, 2011). Barroso (2012) reconoce como instrumentos de regulación a las buenas prácticas, a los contratos, a la evaluación, a los proyectos, entre muchos otros. En la presente ponencia , centramos nuestra mirada en las buenas prácticas en dirección escolar, focalizando en el análisis de dos casos: un instituto de educación secundaria obligatoria de la ciudad de Málaga, España y un instituto provincial de educación secundaria de la ciudad de Córdoba, Argentina. Descontextualizadas, presentadas como asépticas, objetivas y sin carga ideológica, desconociendo las especificidades locales de las problemáticas de cada centro educativo, las buenas prácticas se promueven, se diseminan y se reproducen. Presentadas a modo de casos exitosos que se sustentan en “políticas basadas en evidencia”, instalan una lógica de la imitación que sustituye a la creación (Barroso, 2011, p. 9). Por tanto las buenas prácticas se asientan como mecanismos postburocráticos que buscar regular el accionar en los centros educativos convirtiéndose en una herramienta de adoctrinamiento, seguimiento y regulación, un modelo de lo que está bien hecho y que por tanto se debe copiar, una forma eficiente de extender pautas de acción prefijadas que se transforman en estrategias para direccionar y optimizar la productividad educativa en base a criterios económicos .