En esta comunicación propongo describir y analizar una instancia particular de las intrincadas relaciones entre violencia policial y administración de justicia penal juvenil: la gestión de los acuerdos conciliatorios -en tanto medida “alternativa” al proceso y a la sanción penal privativa de libertad - entre jóvenes “victimarios” y policías “víctimas”. Este procedimiento, cuando tiene como protagonistas estos actores permite observar un campo de tensiones entre la institución policial, las agencias judiciales de administración de la transgresión penal juvenil y los jóvenes en el que se articulan conflictivamente procedimientos legales, derechos, y moralidades. El desarrollo del trabajo apunta entonces a observar las actuaciones estatales en el marco de las políticas dirigidas a adolescentes -penales en este caso- en su doble faceta productiva: en su dimensión de control y en su dimensión protectiva (Llobet y Medán, 2015). Desde esta perspectiva de análisis hallo que en ocasiones, como las situaciones etnográficamente producidas que aquí se presentan, las agencias estatales incurren en cierta inercia ante las violencias que experimentan los jóvenes producto de situaciones dilemáticas en las que ponderan opciones que impliquen un “mal menor” para los jóvenes en contextos de violencia y precariedad. Por ejemplo al optar por dispositivos penales de perdón como los acuerdos conciliatorios en tanto dispositivos penales “benignos” (Lombraña, 2011) aun cuando contribuyan al refuerzo de las jerarquías y desigualdades, y al sostenimiento de la impunidad legal policial ante la comisión de ilícito.