Problematizar la noción de ciudadanía supone revisar las interpretaciones de la teoría jurídica en relación con el género. Incluir a las mujeres en general, y a las personas trans en particular, en esa definición (y por lo tanto en el mundo que ella recorta) hace necesaria una redefinición de la noción misma, que se expresaría en una producción de derechos que suponen una “ampliación”: derechos reproductivos, derechos sexuales, derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Las personas trans han sido y son criminalizadas y perseguidas, tanto como resistidas. Esto ha quedado en evidencia en informes, ponencias y artículos revisados (Fernandez, 2004; Cutuli, 2012, 2013; Insausti, 2011; Berkins, 2003; entre otras) A pesar del carácter universal, transnacional y abstracto de los supuestos sobre los que se erigen las categorías mencionadas, el conocimiento de la realidad cotidiana de aquelles que desde su concepción misma están excluides de la noción de ciudadanía, nos permite tensionar la supuesta igualdad abstracta y operando dentro de ese mismo paradigma de derechos humanos, analizar las leyes positivas en materia de sexualidad: la Ley 26743 de Identidad de Género y la Ley 26618 de Matrimonio Igualitario como una disputa generada por la politización del género y las sexualidades (Farji Neer, 2014; Menajovsky, 2017) La representación que tiene el Estado moderno sobre identidades no normativas se muestra en la marginación, criminalización y trato diferencial en el acceso al reconocimiento. Parte de esas resistencias han supuesto pensar que solo sería posible la inclusión de las personas trans en esferas de lo publico, mediante políticas de acción positiva (aunque ello plantee un sujeto diferencial y muestre limitaciones como vehiculo de una cambio profundo y estructural, como señala la activista trans Marlene Wayar) En el registro de la lucha por la “ampliación de derechos” nos proponemos revisar leyes y ordenanzas que atiendan en forma específica a las problemáticas señaladas como relevantes para el colectivo trans, en relación con su situación de vulnerabilidad estructural. Nos interesa conocer sobre las leyes “positivas” que refuerzan el acceso a derechos, como por ejemplo el derecho al trabajo. Concretamente, nos referimos a las leyes de cupo laboral trans sancionadas para el ámbito de la Administración Pública en la provincia de Río Negro; y sobre la ordenanza de cupo laboral trans en la Universidad Nacional del Comahue, ambas normativas aprobadas en 2018. Dado que nuestro trabajo busca abordar en particular el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, nos centraremos en la caracterización de la población trans de la región, para responder a los interrogantes acerca de ¿cómo es la situación actual de las personas trans en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, en relación con el acceso al trabajo? ¿Cuáles son los fundamentos de la ley de cupolaboral trans? ¿Cuáles los mecanismos de inclusión que allí se plantean? ¿Qué pasa en la Universidad pública en torno al acceso al trabajo para personastrans? ¿Qué escenarios académicos/administrativos se pueden considerar legítimos para ellas? ¿Cómo se están pensando, en concreto, los mecanismos de su inclusión en la universidad?