El castigo a la conflictividad penal adolescente y juvenil ha sido sin duda uno de los temas más debatidos y controversiales desde, al menos, los inicios del siglo XX. Ya fuera porque se considerara que el castigo no podía ser idéntico al que recibían los adultos, que las sanciones debían ser de tipo correctivo o reformista y no sólo retributivas o expiatorias, que la indistinción entre adultos y jóvenes solo suponía una acentuación de las ?tendencias antisociales? de estos últimos, o bien que el encierro de los jóvenes es una alternativa válida para la defensa social, el tema de cómo sancionar a los jóvenes que cometen hechos considerados delictivos y para qué hacerlo ha originado diferentes discusiones y posturas encontradas que lejos están de encontrarse saldadas. A la par, el tema de la edad de punibilidad, es decir la cuestión de desde cuándo perseguir penalmente a los adolescentes cobra vigor cada vez que el tema de la seguridad es instalado como un problema social. En este contexto de debates, en los últimos años, en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos, el enfoque de la justicia restaurativa ha ganado terreno en las recomendaciones realizadas a los Estados por parte de los organismos internacionales a fin de mejorar, optimizar y adecuar sus sistemas de justicia juvenil a los estándares de derechos humanos en la materia. Así, lejos de más castigo, lo que se propugna es que las medidas estrictamente punitivas en el caso de los adolescentes cedan el paso a otro tipo de medidas basadas en la despenalización, la conciliación o mediación. En suma, que sean medidas que favorezcan la resolución extra-judicial de conflictos y que no supongan un incremento punitivo ni una expansión del sistema penal. De este modo la adopción de medidas alternativas al juicio e incluso al proceso penal, se propone como una vía privilegiada para el tratamiento del delito adolescente, ya que permitiría instrumentar prácticas restaurativas que involucren al adolescente y a su entorno comunitario. Ahora bien, aun cuando la justicia restaurativa y las medidas alternativas al proceso penal constituyan una opción preferida en tanto permiten idear e implementar otras estrategias de abordaje y de trabajo con los jóvenes acusados de haber cometido un hecho delictivo, es preciso tener en cuenta que estas no constituyen per se una panacea. Asimismo, si bien la justicia restaurativa presupone la adopción de medidas alternativas al proceso penal, no ocurre lo mismo a la inversa. De esta manera, si bien las medidas alternativas al proceso penal pueden ser útiles para evitar una expansión del sistema, no implican necesariamente la adopción de prácticas con un enfoque restaurativo. En este artículo, nuestro interés es explorar de qué maneras los debates y recomendaciones antes reseñados han impactado en las prácticas concretas de los agentes del sistema penal juvenil de distintas jurisdicciones de nuestro país. A su vez, a partir de los datos recabados en una investigación que hemos dirigido y que tuvo por objetivo relevar las medidas alternativas al proceso penal juvenil, nos interesa identificar, caracterizar y analizar los usos más frecuentes de este tipo de medidas en las distintas jurisdicciones de nuestro país.